La alcaldesa de Santiago, Oriele Ana Ascencio Ccencho de Farfán, rechazó las acusaciones de presunta organización criminal y trabajadores fantasmas en la Municipalidad Distrital y cuestionó el proceder del Ministerio Público, tras la intervención realizada en la sede edil.
Investigación preliminar
Acompañada de su abogado, Jimmy Huaripaucar, la autoridad aseguró que no existe ninguna persona detenida y que la investigación se inició por una denuncia anónima “contra los que resulten responsables”.
Durante una conferencia de prensa, la burgomaestre informó que solicitó formalmente la intervención de la Contraloría General de la República para que realice una fiscalización posterior del periodo 2023 hasta la fecha.
“He solicitado la intervención de la Contraloría para que se pueda fiscalizar el periodo 2023 hasta la actualidad”, declaró y añadió que su gestión brindó “todas las facilidades” al representante fiscal para la recolección de documentos y que hará lo propio con el órgano de control.
Por su parte, el abogado de la alcaldesa sostuvo que la municipalidad exhibió y entregó expedientes administrativos vinculados a bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras, tanto del presente año como de ejercicios anteriores.
“No existe trabajadores fantasmas y mucho menos una organización criminal en la Municipalidad de Santiago”, enfatizó, tras indicar que la intervención fiscal habría sido “apresurada”. Según dijo, la norma contempla mecanismos como la entrega voluntaria de documentación antes de ejecutar diligencias de esa naturaleza.
En relación con el presunto delito de peculado por apropiación, el letrado negó tajantemente su configuración y señaló que hasta el momento no hay una acusación concreta contra funcionario alguno. Precisó que la investigación es preliminar y que, de acuerdo con los plazos fiscales, podría extenderse por al menos ocho meses. “Si hubieran existido elementos de convicción fuertes, el Ministerio Público no hubiera dudado en detener a las personas presentes”, argumentó.
La alcaldesa, por su parte, afirmó que asumió el cargo hace tres meses y que encontró una entrega de gestión incompleta, con ausencia de legajos y expedientes de obras claves, situación que, según indicó, ya fue puesta en conocimiento de la Contraloría para la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
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