En la región Ica, la crisis penitenciaria ha alcanzado niveles alarmantes. El número de personas condenadas por diversos delitos continúa en aumento año tras año, mientras los establecimientos penales siguen recibiendo más internos de los que pueden albergar.
Las cifras del Poder Judicial, recogidas en el Boletín Estadístico Institucional N.º 02-2025, revelan que solo en los primeros seis meses (enero-junio) del 2025, se dictaron 4,304 sentencias condenatorias en el distrito judicial de Ica, marcando el pico más alto de los últimos cinco años.
Aumenta el hacinamiento
La tendencia es clara. Desde 2021, el número de condenas no ha hecho más que crecer. En ese año, durante el mismo periodo, se dictaron poco más de dos mil sentencias. Para 2022, el total superó las tres mil cuatrocientas; en 2023, se mantuvo por encima de las 3200; y en el primer semestre del 2024, las cifras rondaron las 3500 condenas. El salto hasta superar las 4 mil en el 2025 confirma una realidad que ya no se puede ignorar: hay más delitos, más procesos judiciales concluidos y, en consecuencia, más personas que deben cumplir penas, muchas de ellas en prisión efectiva.
Del total de sentencias en este primer semestre del 2025, una parte importante corresponde a condenas con libertad condicional y otras medidas judiciales, pero al menos 379 personas fueron sentenciadas con pena privativa de libertad, lo que significa que deberían ser trasladadas a las cárceles de la región. Esto agrava directamente la situación de hacinamiento que ya se vive en los penales de Ica, en especial en el Penal Cristo Rey de Cachiche y en el Penal de Chincha.
Ambos centros penitenciarios fueron diseñados para alojar a un número limitado de personas, sin embargo, operan actualmente muy por encima de su capacidad real. Cachiche fue construido para albergar a 1,500 internos, pero en la práctica soporta una población de más de 4,700 personas. Chincha, que también fue diseñado con una capacidad similar, ya supera los 3,000 reclusos, duplicando su aforo y reproduciendo el mismo patrón de hacinamiento. En conjunto, se estima que la población penitenciaria de la región ya supera los 8,000 internos, cuando el sistema solo está preparado para manejar una tercera parte de esa cifra.
Esta situación no solo pone en tensión la infraestructura de los penales, sino que genera condiciones de riesgo sanitario y vulnerabilidad. Según advirtió la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica durante el 2024, este nivel de sobrepoblación penitenciaria representa una amenaza directa para la salud y la seguridad de los internos, en particular para las mujeres, personas mayores y quienes padecen enfermedades preexistentes.
Las posibilidades de contagio de infecciones como tuberculosis, VIH y otras dolencias se multiplican en condiciones de hacinamiento, donde el acceso a atención médica, alimentación adecuada y espacios mínimos de convivencia es insuficiente.
A esto se suma la gran diversidad de delitos por los que se imponen las condenas. Las estadísticas del Poder Judicial revelan una amplia gama de delitos comunes como robos, hurtos, estafas y apropiación ilícita, hasta delitos graves como homicidio, feminicidio, sicariato, tráfico ilícito de drogas, violaciones sexuales.
Frente a este escenario, la alternativa más prometedora —y al mismo tiempo más frustrante— es el llamado Megapenal de Ica, una obra que fue anunciada hace varios años como la solución al hacinamiento en la región. Con una capacidad proyectada para 3,168 internos, este nuevo penal podría aliviar significativamente la presión sobre los centros actuales. Sin embargo, la realidad es que la construcción del Megapenal está completamente paralizada desde el año 2020.
A pesar de que el proyecto debió estar concluido ese mismo año, hasta la fecha apenas ha alcanzado un 25% de avance. Lo que empezó como una inversión de 300 millones de soles hoy ya supera los 600 millones, debido a la inactividad y el incremento en los costos de obra. Mientras tanto, la infraestructura inconclusa permanece abandonada, deteriorándose con el paso del tiempo.
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