El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo del juez Jhiner Julián Najarro Laura, dictó ocho meses de prisión preventiva contra José Jeancarlos Mayuri Dávila (35), investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, en perjuicio de la menor de iniciales K.G.A.F (10 años).
Grave delito
La resolución fue emitida el 27 de octubre de 2024, tras la audiencia de prisión preventiva, en la que el magistrado evaluó los argumentos del Ministerio Público y de la defensa técnica del imputado, verificando el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable.
Según el requerimiento fiscal, los hechos se registraron el 23 de octubre de 2024, alrededor de las 22:30 horas, cuando el imputado se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con la madre de la menor en una habitación donde también estaba presente la niña.
En ese contexto, y aprovechando que la mujer se ausentó momentáneamente para ir a los servicios higiénicos, el sujeto habría realizado tocamientos indebidos en las partes íntimas de la menor.
Posteriormente, se produjo una discusión con la abuela de la víctima, quien acudió a la Comisaría de Santiago para denunciar un presunto caso de violencia familiar. Durante la intervención policial, la menor reveló entre lágrimas los hechos ocurridos, lo que permitió la detención inmediata del investigado.
De acuerdo con la denuncia, los abusos habrían ocurrido en varias oportunidades (entre cinco y seis veces) desde que la menor tenía nueve años, siendo el primer episodio en la vivienda del agresor, cuando este se hallaba en estado de ebriedad.
El delito imputado se encuentra tipificado en el artículo 176-A del Código Penal, en concordancia con el artículo 177, segundo párrafo, y relacionado con los artículos 170 (segundo párrafo, inciso 2) y 49 del mismo cuerpo normativo.
La decisión judicial dispone el internamiento inmediato del investigado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, medida que vencerá el 23 de junio de 2025.
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