Una importante reunión se desarrolló este martes en las instalaciones de , donde se presentaron los resultados de un diagnóstico sobre el acceso y la calidad de los que reciben las mujeres trabajadoras del sector agroexportador en la provincia de Ica.

Derechos negados

El estudio realizado a 189 mujeres trabajadoras del sector agroexportador, tuvo como objetivo evaluar si las trabajadoras acceden de manera oportuna a los servicios de salud, así como la calidad de la atención brindada tanto por establecimientos públicos (MINSA, EsSalud, SIS) como por los tópicos de las propias empresas agroexportadoras. La investigación se desarrolló en los distritos de Subtanjalla, La Tinguiña, Ica Cercado y Santiago.

Para la elaboración del diagnóstico se aplicaron encuestas, grupos focales, entrevistas estructuradas y revisión documentaria, con un enfoque de derechos humanos y de género. Según Basilio, uno de los principales hallazgos es que cerca del 30 % de las trabajadoras no está afiliada a EsSalud, pese a que la normativa agraria obliga a las empresas a registrar a todo su personal en el sistema de salud.

La especialista señaló que esta situación respondería a deficiencias en la gestión administrativa de las empresas, particularmente en las áreas de recursos humanos, que no realizan oportunamente los trámites de afiliación. “Aquí se está vulnerando un derecho fundamental, porque si una mujer no está asegurada, tampoco lo están sus hijos”, advirtió.

Otro hallazgo relevante es que muchas trabajadoras prefieren atenderse en el SIS antes que, en EsSalud, lo que evidencia falencias en este último sistema. Entre los principales problemas identificados figuran la lejanía de los centros de salud, la falta de especialistas, la carencia de medicamentos y la limitada infraestructura en zonas rurales y periféricas.

El estudio también revela una alta incidencia de enfermedades asociadas a las condiciones laborales. El 52 % de las trabajadoras reportó infecciones urinarias, el 19 % problemas de columna y el 9 % afecciones en las rodillas, producto de posturas forzadas, jornadas extensas y deficiente acceso a servicios higiénicos. A ello se suma que el 41 % manifestó haber sufrido violencia psicológica o presión por productividad.

Pese a este escenario, ninguna de las encuestadas recibió atención en salud mental durante su última consulta, lo que refleja una grave brecha en la cobertura. Asimismo, el 27.5 % tuvo dificultades para acceder a atención médica en los últimos seis meses, principalmente por falta de citas, largas esperas y temor a descuentos salariales o represalias laborales.

En cuanto a la discriminación, el diagnóstico señala que el 15.9 % de las trabajadoras reportó haber sido discriminada por género, procedencia, edad o embarazo. Un dato alarmante es que el 40.7 % continuó laborando durante su gestación, en muchos casos expuesta al sol, agroquímicos y sin condiciones adecuadas de seguridad.

Basilio indicó que, si bien muchas empresas cuentan con tópicos médicos, estos suelen carecer de insumos suficientes y protocolos adecuados, brindando solo atención básica y reactiva. Además, solo el 58.5 % de las trabajadoras tiene acceso a insumos para la salud menstrual, evidenciando la ausencia de un enfoque de género en los centros laborales.

Finalmente, CODEHICA hizo un llamado al Estado, a las empresas agroexportadoras y a las entidades fiscalizadoras para adoptar medidas urgentes que garanticen el derecho a la salud de las trabajadoras. Entre las recomendaciones figuran fortalecer la fiscalización, adecuar los servicios de salud a las jornadas agrarias, asegurar la afiliación efectiva a EsSalud e incorporar de manera real el enfoque de género. “El crecimiento de la agroexportación no puede sostenerse sobre la precarización de la salud y la vida de las mujeres”, concluye la nota de prensa.

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