Desde que las autoridades regionales asumieron sus funciones el 1 de enero de 2023 han estado bajo la lupa, porque gran parte de ellos ingresó con antecedentes por haber estado envueltos en presuntos actos de corrupción. Ahora se suma Jorge Carlos Hurtado Herrera, gobernador regional de Ica. Y es que la Fiscalía lo sindica como el presunto líder de una organización criminal denominada “Los temibles del sur”, red delictiva conformada por consejeros regionales, funcionarios, entre otros.
El grupo se formó en campaña electoral en 2022 con el objetivo de perpetrarse en el poder para cometer actos ilícitos simultáneos para obtener ganancias. De acuerdo con la documentación a la que accedió Correo, el Ministerio Público (MP) inició una investigación por 36 meses a la red por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, tráfico de influencias, peculado, cohecho pasivo propio, así como el delito de organización criminal en agravio del Estado.
Roles
El protagonista de la organización criminal es el actual gobernador de Ica, Jorge Hurtado, alias “Rocky”, a quien la Fiscalía le imputa el liderazgo de la red.
Según el documento fiscal, Hurtado constituyó la red para asegurar su ingreso y permanencia en el poder en el Gobierno Regional de Ica 2023-2026, para ello, habría dispuesto el empleo de sicarios para amedrentar y/o eliminar a sus adversarios políticos, así como también el pago a periodistas y el soborno a autoridades.
Una vez en el poder, dispuso a otros miembros de la organización el direccionamiento de puestos de funcionarios, cargos de confianza, otras plazas y el direccionamiento directo de contrataciones con empresas.
Entre las acciones delictivas se encuentra el nombramiento de Carlos Alberto Zegarra Sánchez como asesor del Gobierno Regional para que se encargue de hacer cumplir en su representación las órdenes que él imparta.
“Tenía que gestionar a través de reuniones con autoridades y funcionarios de la región de Ica, como operador oculto, destrabar, tramitar, viabilizar y agilizar la aprobación y ejecución de proyectos de inversión (obras públicas y servicios) de envergadura con costos millonarios”, se indica.
La investigación a cargo del fiscal provincial Alexander Pérez López precisa que “Los temibles del Sur” sería una red de tipología vertical integrada por una pluralidad de personas organizada en función a criterios de jerarquías con distribución funcional y vocación de permanencia que apuntan a fines ilícitos.
“La red enquistada busca tener el control total del Gobierno Regional de Ica, deshacerse de sus enemigos políticos”, indica la resolución.
Casos
Uno de los primeros hechos que investiga la Fiscalía está relacionado al delito de cohecho pasivo propio por los trámites irregulares de licencias de conducir en la Dirección de Transportes y Comunicaciones (DRTC).
Bajo las consignas del líder de la red criminal, al interior de la DRTC se estarían emitiendo licencias de conducir a personas que no tenían el conocimiento suficiente, con el previo pago de dinero a funcionarios y servidores públicos de dicha institución, personas designadas por el gobernador Jorge Hurtado.
Incluso, la denuncia que dio pie al inicio de la carpeta menciona que una persona con el nombre de Miguel Vásquez, sin tener un cargo en esa dirección, asumió la función de “recolectar” y “trasladar” bolsas de dinero.
“Este traslado de dinero se realizó en horas de la noche desde la sede de la DRTC Ica hasta las oficinas ejecutivas del GORE Ica, teniendo información que esta ilícita recaudación oscila entre 70 mil y 80 mil soles diarios”, reza el documento.
Para llevar a cabo el cobro de sobornos por licencias de conducir se necesitó de personas de confianza, hecho que deriva en el delito de negociación incompatible.
Cabe precisar que también se realizaron cobros de cupos para quienes deseen trabajar en esa Dirección.
Además, los consejeros habrían negociado la designación de funcionarios, directivos y trabajadores en hospitales, unidades educativas e incluso, la Beneficiencia de Chincha.
Sin embargo, el aspecto más destacado de la investigación está relacionado al delito de colusión agravada por el direccionamiento de obras.
La Fiscalía refiere que hubo un “pacto” desde el momento en que un acuerdo del Consejo Regional declara en emergencia, por 60 días, los cauces, cuencas, canales y otras infraestructuras hidráulicas de los ríos de Ica.
La finalidad sería que se direccionen obras en 20 puntos críticos para beneficiar a las empresas Reyser Contratistas Generales S.A.C., Garjak S.R.L., Ingeniería y Construcción Máximo S.A.C. - Icomax, Consorcio Río Pisco, Minera Carlos V E.I.R.L, Titon E.I.R.L., WAP Inversiones y Construcciones E.I.R.L. y, Servicios de Maquinarias Santos E.I.R.L.
“El 17 de febrero de 2023, con un celeridad inusitada y con la justificación de una emergencia declarada con acuerdo regional, se emite una resolución directorial con el visto bueno para que se apruebe la exoneración del proceso de selección”, refiere la investigación.
Al respecto, gerentes generales y/o representantes de las mencionadas compañías se encuentran en calidad de cómplices por el delito de colusión agravada.
“El 20 de febrero mediante una carta, Renzo Salas como responsable del Equipo Logística solicita a Félix Rivera, director de Oficina, la aprobación a la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2023 para que incluya el procedimiento de selección de contratación por el monto de 35,103,723.84 soles y ese mismo día se aprueba. Muchas irregularidades evidenciarían el pacto de concertación”, se lee en la resolución.
Más
La Fiscalía apunta a que los miembros de la red cometieron el delito de peculado doloso al realizar pagos indebidos provenientes del erario público a diferentes medios de comunicación local y regional, páginas de Facebook y periodistas con el objetivo de que no se denuncien los actos de corrupción.
Por otro lado, la red habría tenido el respaldo de César Áviles Espinoza alias “Rony”, vinculado a hechos de sicariato en Ica y a un delincuente prontuariado bajo el alias “Chino”, para dar protección a Zegarra y Hurtado, respectivamente.
“En la época de campaña política de 2022, la red estuvo conformada por un abrazo armado que tenía como rol amedrentar a sus rivales políticos y conseguir financiamiento económico de diversas fuentes para lograr ganas las elecciones”, indica el documento fiscal.
Además, los integrantes de la organización criminal habrían cometido el delito de tráfico de influencias, porque mediante Julio Flores Camargo (Coronel PNP) y Aldo Ulises Múñez (Jefe del Frente Policial) habrían logrado que las denuncias respecto a las muertes y atentados no tengan mayor trascendencia, todo esto con la previa recepción de una ventaja económica.
DILIGENCIAS. Para avanzar con la indagación, la Fiscalía ha dispuesto una serie de diligencias como solicitar información documentada a diferentes direcciones regionales del GORE Ica, solicitar que se envíe información de las órdenes de servicios, etc.
Además, se recogerá la declaración testimonial de diferentes autoridades y de investigados, entre ellos, el gobernador regional.
Jorge Hurtado deberá declarar por los hechos imputados el 12 de setiembre a las 14:30 p.m. acompañado de su defensa legal, esto bajo el apercibimiento de ser conducido compulsivamente en caso de inasistencia injustificada.
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