La Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Regional de Control de Ica, reveló graves irregularidades en la contratación de personal en el Hospital Santa María del Socorro de Ica.
Revelador informe
Según el Informe N° 27494-2024-CG/GRIC-AOP, treinta trabajadores fueron admitidos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 entre los años 2020 y 2023, sin haber pasado por un concurso público de méritos, vulnerando principios fundamentales como la legalidad, igualdad de oportunidades y meritocracia.
El hospital confirmó que estos trabajadores ingresaron para cubrir necesidades inmediatas, pero no presentó evidencia de procesos concursales exigidos por normativas como la Ley N° 28175 de Empleo Público y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Dicha omisión podría acarrear nulidad en los actos administrativos y responsabilidades legales para quienes promovieron o permitieron estas contrataciones.
En su evaluación, se recordó que el ingreso a la administración pública debe realizarse exclusivamente mediante concursos públicos, tal como lo establecen el artículo 5 de la Ley de Empleo Público y la normativa de SERVIR.
El informe también alertó sobre el impacto de estas irregularidades en la percepción pública hacia el hospital, que debe regirse por los principios de mérito y capacidad. Las acciones identificadas por el organismo de control serán evaluadas para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios implicados.
Además, la Contraloría instó al Hospital Santa María del Socorro a implementar un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles, para corregir las deficiencias y garantizar el cumplimiento de las normas en futuras contrataciones. Este plan será supervisado por el Órgano de Control Institucional para verificar su adecuada ejecución.
El hospital aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hallazgos. Mientras tanto, los organismos competentes continuarán monitoreando la situación y avanzando en las investigaciones relacionadas con las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.
Este caso refleja la necesidad de fortalecer la supervisión en las instituciones públicas para prevenir prácticas que comprometan la legalidad y la confianza en el sistema estatal. Se espera que las medidas correctivas sirvan como ejemplo para otras entidades en el manejo de recursos humanos y cumplimiento normativo.
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