La sólidos en el botadero municipal de La Tinguiña se ha convertido en un grave problema ambiental y social que afecta directamente a poblaciones aledañas. Videos difundidos recientemente evidencian constantes y densas humaredas que se expanden hacia zonas habitadas, poniendo en riesgo la salud de cientos de familias.

Crisis ambiental

Las emergencias ambientales se han intensificado durante las últimas semanas de enero de 2026 en el botadero conocido como Lomo Largo, donde se depositan toneladas de desechos provenientes de los distritos de La Tinguiña y Parcona. Vecinos denuncian que la quema de basura es una práctica recurrente y tolerada, lo que ha convertido al lugar en un foco crítico de contaminación.

Centros poblados se encuentran peligrosamente cerca del botadero, una localización permitida por gestiones municipales anteriores y la actual, a pesar del riesgo sanitario que representa.

Pobladores de asentamientos humanos cercanos aseguran que la humareda les provoca ardor en los ojos, problemas respiratorios y olores tóxicos persistentes. Señalan además que no se han implementado medidas de mitigación, evacuación ni alertas preventivas por parte de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña.

La responsabilidad del problema recae directamente en la comuna distrital, encabezada por el alcalde Juan Vargas Valle, a quien se le atribuye una falta de acción frente a una emergencia reiterada. Según la información recogida, trabajadores de limpieza pública y de carga de residuos permitirían o ejecutarían la quema de grandes volúmenes de basura, incluidos plásticos y desechos combinados.

Esta situación se da pese a que la Municipalidad de La Tinguiña acumula sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por reincidencia en emergencias ambientales. Las multas responden principalmente a la omisión de reportar incendios dentro de los plazos legales, lo que impide una adecuada fiscalización y evaluación del daño ambiental.

Registros oficiales indican que desde el año 2022 la comuna ha sido sancionada en reiteradas ocasiones. En julio de 2025, el OEFA confirmó nuevas multas que superan las 5.2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a más de S/ 27 mil, sin que se evidencie hasta ahora una solución estructural al problema.

A ello se suma la falta de control sobre la actividad de recicladores informales, quienes recurren a la quema de residuos como una práctica habitual para recuperar materiales, agravando la contaminación del aire y elevando el riesgo de incendios de mayor magnitud.

Especialistas y vecinos coinciden en que la situación exige una intervención inmediata de las autoridades locales y regionales. Entre las principales demandas figura la reubicación urgente del botadero, así como la implementación de un sistema adecuado de manejo de residuos sólidos acorde al crecimiento poblacional de la zona.

Mientras no se adopten medidas definitivas, La Tinguiña continuará enfrentando una crisis ambiental que afecta la calidad de vida de sus habitantes y evidencia una grave omisión en la gestión pública, con impactos directos en la salud, el medio ambiente y la seguridad de la población.

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