El presidente de la Asociación Departamental de Cesantes y Jubilados de Educación de Ica, Ricardo Orellana Huamán, manifestó que el inicio del nuevo Gobierno representa una oportunidad para atender las principales demandas del Magisterio cesante y jubilado, entre ellas el pago de la denominada deuda social y la reglamentación de la Ley de Pensiones Dignas.
Pliego de reclamos
Durante sus declaraciones, explicó que la organización que representa forma parte de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación, que mantiene reuniones permanentes con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y representantes del Gobierno.
Orellana indicó que la dirigencia nacional también sostuvo conversaciones con la presidenta, Keiko Fujimori, para exponer las demandas del sector y solicitar que sean consideradas dentro de la agenda del nuevo Ejecutivo.
El dirigente sostuvo que uno de los principales reclamos corresponde al pago de la deuda social derivada de beneficios laborales como la preparación de clases, el FONAPU y la remuneración personal, conceptos que, según afirmó, fueron reconocidos judicialmente pero aún permanecen pendientes de pago.
“Estamos pidiendo una deuda que nos tiene el Estado por preparación de clases. Ya están las liquidaciones, hemos hecho juicio y está la orden de que paguen esa deuda, pero viene pagándose de manera muy limitada”, expresó.
Asimismo, recordó que miles de docentes jubilados esperan desde hace más de dos décadas el cumplimiento de estos beneficios económicos.
Como segundo punto, Orellana solicitó la reglamentación de la Ley de Pensiones Dignas, aprobada por el Congreso, con el propósito de que las pensiones de los docentes cesantes se incrementen de manera progresiva hasta alcanzar el monto correspondiente a la primera escala magisterial.
El dirigente precisó que la propuesta presentada por ADCIJEI plantea una implementación gradual para evitar un fuerte impacto presupuestal.
“No estamos pidiendo que nos paguen inmediatamente la primera escala. Puede hacerse por tramos; nuestra propuesta es que se implemente progresivamente”, explicó.
“Es lo mínimo que podemos esperar, teniendo en consideración la labor social que hemos desarrollado como maestros de varias generaciones”, concluyó.
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