Durante años, Ica ha sido presentada como una de las regiones con mejor desempeño económico del país. Agroexportación, crecimiento sostenido y bajos niveles de pobreza monetaria han reforzado la idea de una región “ganadora”. Sin embargo, un reciente estudio pone en duda esa imagen y muestra una realidad mucho más compleja: la pobreza en Ica es significativamente mayor de lo que reflejan las cifras oficiales.
Pobreza regional
De acuerdo con un informe elaborado por la Universidad de Lima, el 17,6% de la población iqueña vive en situación de pobreza real. Esta cifra casi triplica el porcentaje que registra la medición oficial basada únicamente en ingresos, que ubica la pobreza regional en alrededor del 6%.
La diferencia no es menor. Significa que miles de personas enfrentan carencias profundas en su vida cotidiana sin ser consideradas pobres por el Estado, lo que las deja fuera de programas sociales y políticas de apoyo.
La explicación de esta brecha está en la forma de medir la pobreza. Mientras las estadísticas oficiales se concentran en cuánto dinero gana una persona al mes, el estudio utiliza el Índice de Pobreza Multidimensional, una metodología que evalúa si las personas pueden acceder a condiciones mínimas para vivir con dignidad.
Este enfoque considera variables como el acceso a agua potable y saneamiento, la calidad de la vivienda, la posibilidad de recibir atención médica oportuna, la permanencia en el sistema educativo y la estabilidad del empleo. Al analizar estos factores en conjunto, la imagen de Ica cambia drásticamente.
En la práctica, muchas familias iqueñas logran superar la línea de pobreza monetaria, pero viven en zonas sin servicios básicos adecuados, dependen de trabajos temporales o informales y tienen dificultades para acceder a salud o educación de calidad. No aparecen como pobres en las cifras, pero lo son en la experiencia diaria.
La pobreza que no se ve
El informe denomina a este fenómeno como “pobreza oculta”. En el caso de Ica, la diferencia entre la pobreza medida por ingresos y la pobreza multidimensional es de 11,6 puntos porcentuales. Esta brecha representa a una población que existe en la realidad, pero no en las estadísticas.
Son hogares que no califican para recibir apoyo estatal porque, en el papel, cumplen con el ingreso mínimo mensual. Sin embargo, enfrentan precariedad habitacional, servicios deficientes y una alta vulnerabilidad ante cualquier crisis económica, sanitaria o climática.
Según los autores del estudio, este tipo de pobreza es especialmente peligrosa porque suele pasar desapercibida, lo que perpetúa desigualdades y limita las posibilidades de intervención pública.
Aun con estas cifras, Ica continúa mostrando mejores indicadores que otras regiones del país. Sin embargo, el estudio advierte que el problema es estructural y se repite en todo el territorio nacional cuando se analizan las condiciones reales de vida.
En Loreto, Puno y Huánuco, alrededor del 60% de la población vive en pobreza multidimensional, lo que revela un nivel de carencias mucho mayor al que indican las cifras oficiales. Estas regiones concentran déficits severos en servicios básicos, acceso a salud y oportunidades laborales.
Uno de los casos más reveladores es el de Cusco. Mientras la pobreza monetaria señala que solo el 20% de su población es pobre, el enfoque multidimensional eleva la cifra a casi el 50%. En otras palabras, tres de cada diez cusqueños no son considerados pobres por el Estado, pese a enfrentar privaciones graves en su vida diaria.
El análisis también expone la profunda desigualdad territorial que existe en el Perú. Lima Metropolitana presenta niveles relativamente bajos de pobreza multidimensional —alrededor del 10%— debido a una mayor cobertura de servicios básicos. No obstante, cuando se mide únicamente el ingreso, la pobreza en la capital se eleva hasta casi el 30%.
Esto demuestra que el dinero, por sí solo, no garantiza mejores condiciones de vida y que la pobreza adopta formas distintas según el contexto. En algunas zonas, el problema central es la falta de ingresos; en otras, la ausencia de servicios esenciales.
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