La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ica y Cañete obtuvo 7 meses de prisión preventiva contra Guillermo Jerson Huamantoma Huamani, investigado por el presunto delito de violencia contra la autoridad agravada para impedir el ejercicio de sus funciones, tras efectuar amenazas de atenta contra la vida de la fiscal provincial y la de su familia.
Investigación por grave delito
Según las diligencias realizadas por personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ica, bajo la conducción jurídica de la fiscal adjunta Karin Olivia Oré Huayllani, el investigado habría actuado en complicidad y de manera coordinada con otras dos personas, actualmente en proceso de identificación, para colocar un artefacto explosivo frente a las instalaciones del Ministerio Público de la Sede Parcona. El objeto iba acompañado de una nota con contenido amenazante dirigida a la fiscal provincial penal, con el propósito de impedir el ejercicio de sus funciones por razón de su cargo.
Fue detenido el 24 de noviembre de este año, juntó a Raúl Alex Janampa Ninahuamán, alias “Saposito”. En esa fecha la policía informó que ambos investigados presentan amplio prontuario policial y contaban con orden de detención preliminar por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad, extorsión y otros ilícitos conexos.
“Según las primeras investigaciones, los sujetos habrían participado en la detonación de explosivos en una vivienda colindante con la Fiscalía Penal del distrito de Parcona, con el fin de amedrentar a una fiscal y reforzar la amenaza mediante un panfleto apócrifo”, indicó la información policial.
La medida actual de prisión preventiva dispuesta por el órgano jurisdiccional tiene como finalidad asegurar la presencia del investigado durante todas las etapas del proceso penal, así como evitar la obstaculización de las investigaciones que se encuentran en curso.
Cabe precisar que el subsistema especializado que opera en las jurisdicciones de Ica y Cañete es competente para conocer los delitos cometidos en agravio de operadores de justicia considerados en la normatividad internacional como defensores de derechos humanos.
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