El magistrado Malvis Verdi Granda Dongo, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra Leonardo Rafael Ramos Farfán, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión en grado de tentativa.
Grave delito
La medida coercitiva fue impuesta el 19 de mayo de 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado escuchara y evaluara los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del imputado.
De acuerdo con la investigación fiscal, Emilio Ernesto Anicama García participaba en una reunión social realizada el 14 de mayo de 2026, en los alrededores de la plaza San Vicente (Ica), cuando advirtió la desaparición de la mototaxi en la que había llegado al lugar. Tras no ubicar el vehículo, formuló la denuncia correspondiente ante la Comisaría de Ica.
Posteriormente, el agraviado sostuvo conversaciones vía WhatsApp con el menor J.A.T.G de 17 años, quien presuntamente le indicó conocer a las personas involucradas en la sustracción del vehículo. Durante dichas comunicaciones, le habría enviado imágenes de la unidad y exigido el pago inicial de 2 mil soles para su devolución, monto que posteriormente se habría incrementado a S/ 2,200.00, advirtiéndole además que, de no acceder al pedido económico, el vehículo sería desmantelado.
Según las investigaciones, personal policial realizó un operativo en el lugar acordado para la entrega del dinero, interviniendo a Leonardo Rafael Ramos Farfán, quien se encontraba a bordo de una mototaxi azul y habría participado en las coordinaciones relacionadas con la devolución del vehículo.
Asimismo, durante las diligencias se habrían advertido comunicaciones vinculadas con la entrega de la unidad vehicular a través de equipos celulares incautados, hechos que vienen siendo investigados por el Ministerio Público como presunta extorsión en grado de tentativa.
La medida coercitiva fue dictada por el plazo de siete meses y dispone el internamiento inmediato del imputado en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Dicha medida, computada desde el 16 de mayo de 2026, fecha de su detención, vencerá el 15 de diciembre de 2026.
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