Luego de la detención de un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Ica, investigado preliminarmente por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, la institución emitió un comunicado oficial informando la adopción de medidas administrativas y disciplinarias.
Presunto delito
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el servidor habría solicitado S/1,000 a cambio de emitir un informe técnico favorable que podría influir en beneficios penitenciarios para un interno. El Ministerio Público señaló que la intervención se realizó con apoyo de la Policía Nacional y bajo parámetros legales, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y definir responsabilidades.
En respuesta, el INPE informó el inicio inmediato de un procedimiento disciplinario y la aplicación de una medida cautelar contra el trabajador investigado. Asimismo, precisó que los hechos no ocurrieron dentro del penal y ratificó su disposición de colaborar con las autoridades, reiterando su política de transparencia y lucha contra la corrupción.
En las próximas horas, un juez deberá resolver la situación legal del investigado, mientras la Fiscalía continúa recabando elementos de convicción. El caso ha generado atención pública debido a la importancia de los informes técnicos dentro del sistema penitenciario y su impacto en eventuales beneficios para internos.
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