Cuando se habla de minería ilegal o informal, el foco se centra en la violencia, en las mafias, en los asesinatos en Pataz o en las disputas armadas en La Rinconada. Esta es solo una de las caras, la más clara y cruda, de esta actividad ilícita.
En total peligro
La otra, la menos visible, es igual de peligrosa, y afecta a casi todos los mineros obreros que entran a los socavones o laboran a campo abierto, en labores sin permiso ni fiscalización.
Cada cierto tiempo, uno o más mineros mueren aplastados por derrumbes, como los ocho mineros sepultados en una mina informal en Huamachuco (La Libertad), en 2019; o asfixiados, como ocurrió el año pasado, en un socavón de la mina Puchungo, en Totora Oropesa (Apurímac); o alcanzados por explosiones, como ocurrió en marzo de 2024 en la mina ilegal Chapiña, en Colquemarca (Cusco).
Además de las nulas condiciones de seguridad, los trabajadores también están expuestos a la criminalidad en torno a esta actividad ilícita, como en Arequipa, donde entre 2021 y 2023, 20 mineros artesanales informales e ilegales fueron asesinados y otros 65 murieron por accidentes laborales, derrumbes o deslizamientos.
No hay cifras oficiales de accidentes fatales ni de hechos violentos en regiones con presencia de mineros informales e ilegales. Se habla de decenas y cientos en cada región. Por ejemplo, se sabe que, entre 2009 y 2024, la Fiscalía recibió más de 1.000 denuncias por homicidio, en todas sus formas, en San Antonio de Putina, donde se encuentra La Rinconada.
En zonas como esta, según la Fiscalía de Puno, hay homicidios con ferocidad de mineros, ciudadanos de a pie y policías, y estos se cometen con armas o explosivos. En 2012 hubo 92 asesinatos; en 2014, 107; y en 2018, 80. Además, en ese mismo periodo, se registraron 892 denuncias por lesiones graves, leves y culposas, peligro inminente y daño físico o psicológico.
Los peligros de socavón
Un socavón informal o ilegal casi siempre carece de soporte que evite desprendimientos; allí se usan explosivos sin control, la ventilación es deficiente y ninguna autoridad supervisa las condiciones en las que trabajan los mineros. Se trabaja en la semioscuridad, entre doce y catorce horas diarias, en un ambiente que puede ser húmedo y frío, o seco y caliente, dependiendo de la zona.
En esos agujeros al margen de la ley ocurren accidentes con muertes. Cuando un minero muere, lo hace sin tener contrato laboral, ni seguro social, ni compensación por tiempo de servicios (CTS), ni de vacaciones. Algunos aseguran que están allí porque ganan más de lo que ganarían en la chacra o cuidando animales.
Ocurre también que las muertes y accidentes en minas informales e ilegales no se investigan por la Policía y la Fiscalía como debería hacerse, hasta encontrar responsables. Los dueños de los socavones suelen negociar con los familiares del difunto el pago de una suma de dinero para que no denuncien y que todo quede como si nada hubiera pasado. A menudo, esas muertes se olvidan pronto, mientras los socavones siguen funcionando.
Se han normalizado estos episodios en un sector que se presenta como necesario para crecer económicamente. El minero busca oro, cobre y otros minerales sin tener la certeza de si sobrevivirá cuando ocurra un accidente.
El mal ejemplo de La Rinconada
En este punto, es importante señalar la diferencia que hay entre minería formal y minería informal e ilegal. La diferencia es que, en la primera, un trabajador cuenta con protección, seguro y garantías; en la otra, está expuesto a enfermarse, accidentarse o morir en cualquier momento.
En la formal, existen jornadas reguladas, equipos de protección personal, capacitación en seguridad, acceso a agua potable, servicios higiénicos, atención médica y seguros contra accidentes. No es el paraíso, pero hay reglas y responsabilidades empresariales. Un accidente activa protocolos. Una enfermedad laboral puede ser reconocida.
En la minería informal e ilegal, el trabajador está solo y trabaja a su cuenta y riesgo. La tesis “Riesgos laborales de los trabajadores de la minería informal en el centro poblado La Rinconada (2018)”, de Ever Castillo y Yuber Arce, encontró, por ejemplo, que, en ese emporio del oro ilegal en Puno, el 94 % de mineros encuestados nunca contó con herramientas ni equipos adecuados para su trabajo. Más de la mitad (56 %) trabajaban con herramientas propias. No había inversión en seguridad. Cada uno se las arreglaba como podía. Tampoco contaban con agua potable ni desagüe.
La minería informal e ilegal concentra múltiples formas de riesgo que se superponen: condiciones laborales precarias, alta accidentabilidad y un entorno marcado por la violencia y la impunidad. La ausencia de registros oficiales dificulta dimensionar el impacto real de esta actividad en la vida y seguridad de quienes trabajan en ella y de las poblaciones que la rodean.
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