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“Primero nos tienen que matar y luego venderán el resto de hectáreas”, dice Sonia Palomino Ortega que tiene dos pequeños lotes ocupados según ella, desde hace quince años en El Mirador de Huaycahuacho. “Sangre va correr”, reitera la mujer que teme ser desalojada de su predio cuando la Municipalidad Provincial de Ica finalice la venta de 270 hectáreas a una inmobiliaria.
Martina Fernández, vive en la Asociación Santa Ana de Huaycahuacho y dice que tiene la posesión hace 20 años. Ayer un centenar de moradores de hasta once asociaciones de vivienda llegaron hasta la puerta de la comuna provincial para exigir explicaciones de la venta a la alcaldesa Emma Mejía Venegas.
Luis Enrique Rojas Contreras, abogado de la Asociación Hijos de Huaycahuacho aseguró que sus clientes ocupan 68 hectáreas desde hace más de una década. “La inmobiliaria ligada a Domingo Chong ha realizado los trámites administrativos para adjudicarse 270 hectáreas y dentro de ella está las 68 hectáreas de mis defendidos. Están superpuestos en el área que pretenden comprar”, explicó.
Licitación pública
La comuna iqueña decidió vender las 270 hectáreas a raíz de la aparición de invasores y traficantes de terreno que lucran con la necesidad de una vivienda. Todo ello amparado en el Decreto Legislativo N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociación Público Privada.
El año pasado la empresa A&A Grupo Inmobiliario SAC presentó este proyecto denominado “Conjunto Residencial de Interés Social Tierra Prometida”, por el cual se iba construir 16 mil 430 viviendas de los estratos C y D y se ejecutarían a través del programa Techo Propio.
El regidor Jacinto Roque Hernández explicó que la venta de las 270 hectáreas actualmente se encuentra en pleno proceso de licitación por un periodo de 90 días que empezó afines de agosto último.
Es más, fue el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que envió a un especialista para tasar el valor del terreno a vender tras la aprobación del pleno municipal que contó con el voto unánime.
El tasador de dicho ministerio evaluó que las 270 hectáreas estaban valorizadas en 16 millones de soles. “La licitación la puede ganar la empresa que presentó la iniciativa u otra y los S/ 16 millones tiene que pagarla al contado al municipio”, señaló el regidor.
Roque reconoció que en el plano satelital de la comuna en el 2018, dichas asociaciones que ayer protestaron no figuraban. El área a vender figuraba como terreno libre. “El ministerio ni Proinversión habría aceptado si los terrenos estaban ocupados”, dijo
Añadió que tras la aparición de las asociaciones, se debe evaluar su retiro del área a vender; o llegar a otro acuerdo que debe ser analizado por el ministerio y la comuna iqueña.
El proceso de licitación es pública y colgada con todas sus etapas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).
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