La Fiscalía Provincial Mixta de Vista Alegre – Nasca, obtuvo una orden de 15 meses de prisión preventiva contra Jhon Jeyner Paima Isuiza, quien viene siendo investigado por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad pública (tenencia ilegal de armas) y contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas) en agravio del Estado peruano.
Investigación fiscal
La investigación del caso está a cargo de la fiscal adjunta provincial Shirley Magali Velarde Benavides, quien a través de un trabajo conjunto con el Área de Investigación Criminal (AREINCRI) Nasca de la Policía Nacional del Perú, sustentó ante el Juzgado Mixto y de Investigación Preparatoria de Marcona los fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos. La medida de coerción personal fue declarada fundada el pasado 17 de agosto de 2026, disponiéndose que el caso se tramite como un proceso complejo.
De acuerdo con la tesis fiscal, el caso se originó la noche del 1 de agosto de 2026, cuando el imputado protagonizó una gresca en la vía pública, en el asentamiento humano Víctor Raúl de Marcona, donde amenazó a un ciudadano apuntándole en la cabeza con un arma de fuego. Tras la alerta de la víctima, agentes de la Comisaría PNP de Marcona desplegaron un operativo inmediato que permitió ubicar al investigado en una habitación alquilada en la zona.
Durante el registro del inmueble, el personal policial halló ocultos en el techo una pistola semiautomática calibre .380 (marca Bryco Jennings, modelo T380) con la cacerina desabastecida, junto a un canguro que contenía fotografías del propio detenido. En el mismo lugar, se incautó un paquete postal que resguardaba tres bolsas plásticas con un total de 124.7 gramos de marihuana.
Posteriormente, las pericias balísticas determinaron que el arma se encuentra operativa y con signos de haber sido disparada. Asimismo, el reporte de la Sucamec confirmó que Paima Isuiza no cuenta con licencia para portar armas y que la pistola recuperada figura en el sistema bajo la condición de “perdida” por su propietario original.
“Ante el peligro de fuga, así como la gravedad de la pena estimada, que por el concurso real de delitos podría alcanzar los 17 años y 4 meses de cárcel, el Ministerio Público sustentó con éxito la necesidad de la medida privativa para asegurar el correcto desarrollo de las próximas etapas procesales”, señaló la Fiscalía.
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