La actual consejera regional por Ica María del Rosario Gamonal Ramos enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con su paso por la Municipalidad Distrital de Changuillo. El caso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado Penal Unipersonal de Nasca y también comprende a Carlos Moisés Cabrera Solano y Carmen Felipa Vargas Velarde.
Proceso judicial
De acuerdo con la documentación judicial, Gamonal Ramos está procesada por peculado agravado en concurso real con colusión agravada y, alternativamente, peculado agravado con negociación incompatible. Los hechos materia de acusación se remontan a los años 2013 y 2014 y están relacionados con contrataciones y pagos efectuados en la Municipalidad Distrital de Changuillo, donde la hoy consejera regional se desempeñó como administradora.
Durante sus alegatos de apertura, el Ministerio Público presentó el caso como “servicios fantasmas” y sostuvo que se habrían realizado pagos por servicios no ejecutados relacionados con perfiles de proyectos y expedientes técnicos durante las fases de preinversión e inversión. La Fiscalía calculó que los hechos investigados habrían generado un perjuicio aproximado de S/151 mil a los fondos públicos de la comuna de Changuillo.
Como parte de su acusación, el Ministerio Público solicitó 9 años y 3 meses de pena privativa de libertad por peculado agravado o, alternativamente, 8 años y 10 meses por colusión agravada, además de inhabilitación y una multa de S/5 mil por cada acusado. Se trata de la pretensión planteada por la Fiscalía dentro del juicio y no de una condena, pues la responsabilidad de los procesados deberá ser determinada por el órgano jurisdiccional.
Por su parte, la Procuraduría Anticorrupción solicitó una reparación civil total de S/166,950, que comprende S/151,950 por el presunto perjuicio patrimonial y S/15 mil por concepto de perjuicio extrapatrimonial. El actor civil planteó que dicho monto sea pagado solidariamente por los acusados, argumentando que durante el desarrollo del juicio buscará acreditar la responsabilidad civil derivada de los hechos imputados.
La defensa rechazó la acusación fiscal y sostuvo que las contrataciones y pagos cuestionados correspondieron a trabajos, proyectos y perfiles que sí habrían sido ejecutados y contarían con documentación de respaldo. También argumentó que no se ha demostrado una concertación criminal concreta ni un interés indebido y solicitó que los acusados sean absueltos al finalizar el juicio. Durante la audiencia, Rosario Gamonal manifestó expresamente que no acepta los hechos que se le imputan.
Como dato del desarrollo procesal, el 18 de agosto de 2026 fue la fecha fijada previamente por el Juzgado Penal Unipersonal de Nasca para instalar el juicio oral, diligencia que efectivamente se realizó ese día al mediodía. Tras escuchar los alegatos iniciales e informar a los procesados sobre sus derechos, el juzgado suspendió la audiencia y programó su continuación para el 26 de agosto.
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