La Cámara de Comercio de Ica manifestó su preocupación ante la información difundida públicamente sobre la construcción de una planta siderúrgica en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, la cual —según reportes— no contaría con las autorizaciones ambientales ni municipales correspondientes.
Posición del gremio
A través de un pronunciamiento, el gremio empresarial advirtió que cualquier inversión industrial, sin importar su procedencia, debe desarrollarse respetando la institucionalidad del país y cumpliendo el marco normativo vigente. Esto incluye los procedimientos de evaluación ambiental y los requisitos establecidos por las autoridades locales.
La organización señaló que el respeto a estas regulaciones resulta clave para proteger el entorno y a la ciudadanía, además de garantizar condiciones de competencia equitativas entre las empresas. Según indicaron, el cumplimiento de las normas también influye directamente en la generación de empleo formal y en el desarrollo productivo del país.

Presuntas irregularidades
Cabe señalar que, el proyecto industrial de capital chino que busca instalar una planta siderúrgica en el distrito de Chilca enfrenta cuestionamientos tras denuncias que señalan que las obras habrían comenzado antes de contar con las autorizaciones ambientales y municipales exigidas por la normativa peruana.
La iniciativa corresponde a la empresa Acero Lima Shenglong S.A.C., creada en julio de 2024 por tres ciudadanos chinos. El proyecto contempla la construcción de un complejo industrial en el sector San Bartolito, donde actualmente se observan excavaciones, maquinaria pesada y estructuras metálicas de gran tamaño.
Según un reportaje del programa televisivo Punto Final, la planta proyecta producir alrededor de 700 mil toneladas de acero al año, principalmente alambres y láminas. Fotografías tomadas meses atrás muestran que los trabajos de preparación del terreno ya se encontraban en marcha desde 2025, lo que generó alertas entre asociaciones vinculadas a la industria nacional del acero.
Los cuestionamientos se intensificaron tras solicitudes de información dirigidas a la municipalidad local. En octubre de 2025, la municipalidad de Chilca respondió que el predio donde se ejecuta el proyecto aún no contaba con licencia de edificación, pese a que ya se realizaban movimientos de tierra.
A ello se suma un requisito clave dentro del sistema de regulación ambiental peruano: la aprobación del estudio de impacto ambiental, instrumento obligatorio para proyectos industriales que podrían generar efectos en el entorno.
El abogado especializado en derecho ambiental César Ipenza explicó que el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establece procedimientos que deben cumplirse antes de iniciar la construcción o la operación de proyectos productivos.
Según indicó, desde enero de 2026 la aprobación de estos estudios está a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, entidad que asumió esta función que anteriormente correspondía al Ministerio de la Producción del Perú.
Consultas realizadas a ambas instituciones señalaron que, hasta inicios de 2026, la empresa aún no había presentado el estudio de impacto ambiental para la planta. El único trámite registrado es el plan de participación ciudadana, considerado una etapa preliminar dentro del proceso de evaluación.
Las denuncias presentadas por empresas del sector motivaron la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que realizó una inspección en la zona el 12 de diciembre de 2025.
Tras la visita, el organismo indicó que no correspondía iniciar un procedimiento sancionador debido a que la planta todavía no se encontraba en funcionamiento. Asimismo, señaló que durante la supervisión las labores de construcción estaban detenidas.

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