La provincia de Pataz, en la región La Libertad, vive sumida en un espiral de violencia que ha sido generado por el avance de la minería ilegal, pero al parecer la municipalidad provincial habría descuidado su trabajo para aportar a la seguridad de la población.
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Al menos eso es lo que se desprende del amplio informe de visita de control N°006-2024-OCI, publicado el pasado 26 de febrero por la Contraloría General de la República, pues esta detectó 12 situaciones adversas en el proceso de gestión de seguridad ciudadana en la aludida provincia.
Ninguna reunión
Entre las principales observaciones que ha hecho el órgano de control figuran, en primer lugar, que el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), presidido por el alcalde Aldo Carlos Mariños (al cierre del informe 26 de febrero) no había realizado, en lo que va del 2024, sesiones ordinarias ni extraordinarias.
Esta situación vulnera el Decreto Supremo N° 011-2014, que señala que las sesiones ordinarias se deben celebrar por lo menos una cada dos meses y las extraordinarias, cuando se estime necesario.
Recién el último viernes 1 de marzo, publicado el informe de Contraloría, el alcalde Aldo Carlos Mariño convocó a la primera sesión del Coprosec.
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Sin plan
De acuerdo con la Contraloría, tampoco se cuenta con un Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2024. Esta situación adversa limita conocer el diagnóstico e identificar los recursos disponibles, así como el marco estratégico que considere las propuestas que respondan a hacer frente a la complejidad delictiva de la zona.
En cuanto al Serenazgo, el 2023 y en lo va del 2024 no efectuó el formato de ocurrencias y no cumplió con brindar información para el registro nacional de serenos y serenazgo de la plataforma virtual del Ministerio del Interior, lo que impide una mejor organización del servicio.
Además, los agentes no cuentan con el equipamiento de protección personal: chaleco antibalas, rodillera, codillera, guantes de cuero y bloqueador.
No se cuenta, tampoco, con un centro de capacitación de serenos municipales.
Así mismo, no hay mapa del delito de las intervenciones realizadas. Esto afecta la prevención de la comisión de delitos y faltas en el distrito.
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Patrullaje integrado
La Contraloría también verificó que no se ejecuta el patrullaje local integrado con la Policía de la jurisdicción.
Tampoco se cuenta con cámaras de videovigilancia ni centro de vigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones, por lo que es imposible realizar un monitoreo permanente.
Correo se contactó con el alcalde Aldo Carlos Mariño y aceptó que Contraloría le hizo varias observaciones, pero cuestionó que se le exija cumplir con una serie de disposiciones cuando no cuenta con los recursos económicos para invertir en esta área.
“Quieren que capacite a los serenos en Lima, que compre cámaras y ponga una central de monitoreo cuando el presupuesto no nos alcanza”, dijo. En cuanto a la primera reunión de Coprosec, aseguró que está dentro de los plazos de ley.
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