El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, solicitó a la presidenta de la República Dina Boluarte, el retiro del Pacto de San José de Costa Rica de nuestro país y la aplicación de la pena de muerte para delincuentes reincidentes, violadores, secuestradores y extorsionadores, argumentando que “este tratado internacional ha favorecido a los delincuentes en menoscabo de las víctimas, brindándoles excesivas protecciones y convirtiendo los penales en centros de entrenamiento criminal”.
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A través del Oficio, N°1101-2024MPP -ALC, ingresado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el último viernes 11 de octubre, el burgomaestre plantea la necesidad de una Reforma Constitucional, con una modificación al artículo 140 de la Constitución, ampliando la lista de delitos penados con la muerte. Además, busca reformar el artículo 28 del Código Penal, estableciendo la pena de muerte como la sanción máxima, junto con otras penas como privación de libertad y multas.
Además, Carlos Mariños sugiere que todos los reclusos de los diferentes centros penitenciarios del país deban trabajar para su propia manutención, con el objetivo de reducir los gastos estatales en el sistema penitenciario y destinar esos recursos a otros sectores como educación y salud.
“La pena de muerte actuaría como un fuerte disuasivo para potenciales delincuentes; además el trabajo obligatorio en penales reduciría los gastos estatales y permitiría destinar recursos a sectores más necesitados”, apunta la autoridad edil, quien continúa mostrando su preocupación por la inseguridad ciudadana que azota el país y la provincia de Pataz.
El burgomaestre solicita además la derogatoria de la Ley 32108, pro crimen organizado, alegando que dificulta la labor policial y del Ministerio Pública en la lucha contra la delincuencia.
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