El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, ha decidido no enfrentar a la justicia y se encuentra en la clandestinidad. A su historial de conflictos legales se suma una segunda orden de captura, luego de que no se presentara a una audiencia por una nueva querella de difamación interpuesta por el ciudadano Juan Luján Castro. Esta es la cuarta denuncia por difamación contra Fernández, quien ya ha sido sentenciado anteriormente por este delito.
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Se esconde
Este caso está bajo la jurisdicción del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, a cargo del juez Julio Alberto Neyra Barrantes, quien ha llevado adelante procesos contra otros burgomaestres de la ciudad. Esta querella se suma a la larga lista de problemas legales del suspendido alcalde, que fue condenado el año pasado a pagar 25 mil soles de reparación civil a la oficial PNP Nataly Rojas Rojas por difamación.
La situación de Fernández se agrava al haberse ausentado nuevamente de una audiencia programada el 6 de septiembre. Aunque acreditó su participación en una audiencia anterior el 9 de agosto, desde entonces su paradero es desconocido. Esta conducta ha llevado al juez Neyra Barrantes a emitir una resolución declarando a Arturo Fernández como “reo contumaz”, lo que derivó en la emisión de oficios para su ubicación y captura.
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El pasado 15 de agosto, Fernández también fue declarado “reo contumaz” en un proceso por difamación interpuesto por el arqueólogo Ricardo Morales Gamarra. En esa ocasión, la jueza Ingrid Pajares Acosta, del Tercer Juzgado Unipersonal de Trujillo, ordenó su captura.
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