Todo gira en torno al alquiler de inmuebles y la concesión apresurada del cementerio mampuesto. Marlon Angulo y Favio Velazco en la mira.
Todo gira en torno al alquiler de inmuebles y la concesión apresurada del cementerio mampuesto. Marlon Angulo y Favio Velazco en la mira.

La ingresó a la para acreditar un equipo de trabajo ante las graves denuncias por alquileres de inmuebles y la adelantada concesión por el terreno del cementerio mampuesto a favor de la empresa Jardines de la Paz por 30 años más, aun cuando el contrato previo recién terminará en febrero del 2028.

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En los casos están involucrados el exgerente general,Marlon Angulo Salavarría, y el expresidente del directorio de la Beneficencia, Favio Velazco. Ambos salieron por la puerta “falsa” de la institución. No obstante, también estaría en la mira el exasesor Fernando Calderón Burgos.

Detalles

Joan Ramírez Merino, gerente regional de Control de La Libertad, le aseguró a Correo que su equipo de trabajo fue acreditado formalmente y en 10 días ya habrá resultados de esta intervención.

“Hemos recibido denuncias y hay hechos que hemos tomado conocimiento a través de la prensa respecto a algunas presuntas irregularidades en el manejo de algunos bienes inmuebles”, precisó.

Ramírez Merino, recalcó que la concesión del cementerio mampuesto “es uno de los temas que nos preocupa y que es parte de la revisión que estamos haciendo”, mencionó.

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La sanción

El congresista de la República, Héctor Acuña Peralta, también estuvo presente durante la acreditación del equipo especial de la Contraloría. Él mencionó que es evidente la falta de transparencia de la institución y considera que los exfuncionarios Marlon Angulo y Favio Velazco tendrán que responder si se confirman las irregularidades.

“En el momento que se demuestre que han cometido dolo, vamos a exigir que el Poder Judicial también haga su papel. Mi trabajo de fiscalización es permanente y debo velar porque los recursos y bienes del Estado se cuiden”, aseguró.

Los funcionarios podrían ser inhabilitados, conforme lo disponga la Contraloría.

“Un funcionario público es responsable aun cuando deja el cargo, el hecho de tener una posición de exfuncionario no lo exime de la responsabilidad. Insisto, en Contraloría hacemos un examen de legalidad y un trabajo de objetivo. Una vez que tengamos los resultados, inmediatamente se los vamos a poner en conocimiento”, añadió el gerente regional de Control.