El próximo viernes se cumplirá un año desde que el suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue citado para el inicio del juicio oral en su contra, por la querella de difamación que le interpuso el arqueólogo y exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.
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El 1 de agosto ambos volverán a comparecer ante el Poder Judicial, en medio de un proceso que, por cómo se ha dado, es irregular, según el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños.
Declaraciones
Según precisó el magistrado, desde la entidad que dirige se brindan todas las garantías para que los casos sean resueltos con total independencia e imparcialidad.
“No es usual en un caso, o sea, no es normal, es algo irregular, pero la ley establece los mecanismos para evitar eso (la dilatación del proceso). Entonces, la garantía está dada, los jueces que conocen los casos son jueces titulares, jueces que no tienen ningún cuestionamiento y brindan la garantía de una justicia independiente e imparcial”, declaró.
El arqueólogo Ricardo Morales ha expresado en más de una oportunidad que la defensa legal de Arturo Fernández Bazán ha hecho hasta lo imposible por alargar este proceso. En ese sentido, el querellante no habría descartado la posibilidad de llevar su caso a la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura (Odecma) de La Libertad.
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Víctor Burgos no quiso dar más detalles al respecto, debido a que también tiene un proceso por difamación contra Arturo Fernández.
“Si el hecho de la suspensión de cualquier proceso se debe a alguna falla del servidor o del juez, ya es competencia del órgano de Control, yo no intervengo ahí. Si bien yo soy el presidente de la Corte, pero los jueces no son mis trabajadores, yo respeto mucho la independencia de los jueces, ese es el valor de la justicia”, añadió.
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