Carlos Sánchez Caipo, actual gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), afrontó y actualmente estaría sometido a investigaciones en el Ministerio Público por la presunta comisión de varios delitos.
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De acuerdo con información obtenida por Diario Correo, Carlos Sánchez, quien reemplazó en el cargo a Luis Guillén Pinto, habría afrontado en 2018 una investigación en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo por presuntamente haber incurrido en el delito contra la seguridad pública.
No obstante, en la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo sería investigado por la presunta comisión de los delitos abuso de autoridad, omisión ilegal de acto de su cargo, encubrimiento personal y falsedad ideológica (declaraciones falsas).
CONFIANZA
Fue el alcalde Mario Reyna quien el último 19 de febrero tomó la decisión de mover del cargo de gerente de Desarrollo Social de la MPT a Carlos Sánchez Caipo para ascenderlo y designarlo como el gerente municipal de Trujillo.
Una de las primeras medidas que tomó Carlos Sánchez como gerente general fue anunciar cambios de funcionarios en las diferentes gerencias de la MPT.
EN EVALUACIÓN
El secretario general del Sindicato de Empleados de la MPT, Ulises Rodríguez Cadillo, comentó que Carlos Caipo todavía se encuentra en un periodo de evaluación en cuanto a las decisiones que tomará en relación al cumplimiento de los pactos colectivos. “Creo que la prueba de fuego será resolver la denuncia del subgerente de Desabastecimiento (Luis Ponte) por la supuesta falsificación de su firma. Esperamos que prospere su gestión”, manifestó.
Al cierre de la nota, Carlos Sánchez se comunicó con este medio para informar que la única denuncia que afrontó ante la Fiscalía fue por, presuntamente, incurrir en omisión de funciones y encubrimiento real. “Miembros de algunas juntas vecinales me denunciaron, pero el caso se archivó hace dos semanas”, afirmó.
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Gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo arrastra varias denuncias
Al hombre de confianza del alcalde lo investigarían por abuso de autoridad, omisión ilegal de acto de su cargo, encubrimiento personal y falsedad ideológica