El Ministerio de Educación envió un equipo para coordinar acciones que ayuden a frenar ataques, mientras que la Defensoría del Pueblo solicitó a jefe policial que cambie estrategias contra el crimen.
El Ministerio de Educación envió un equipo para coordinar acciones que ayuden a frenar ataques, mientras que la Defensoría del Pueblo solicitó a jefe policial que cambie estrategias contra el crimen.

Los dos últimos atentados a colegios de en pleno horario de clases habrían sido dirigidos por un menor de edad que integraría una organización criminal que ha visto en el cobro de cupos a instituciones educativas privadas un lucrativo negocio.

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La triste realidad por la que atraviesa la comunidad educativa de esta parte del país ha hecho que la Defensoría del Pueblo exija nuevas estrategias contra el crimen y que el Ministerio de Educación (Minedu) envíe a la capital de La Libertad un equipo que ayude a coordinar y mejorar la seguridad en los locales escolares.


Mente criminal

Los 300 alumnos que estudian en el colegio Montalcini European College de la urbanización trujillana Las Casuarinas entraron en pánico la mañana del último martes a consecuencia de la detonación de un explosivo en la puerta del colegio.

Un día después del ataque, el jefe de la Región Policial La Libertad, coronel PNP José Zavala, reveló que el autor de este hecho delictivo sería el mismo adolescente que el pasado 3 de mayo disparó contra la fachada de la institución educativa Santa Rita de Jesús en el distrito El Porvenir.

“La persona quien colocó la dinamita en este colegio sería el mismo menor de edad que hizo los disparos en el colegio Santa Rita de Jesús. Hemos solicitado la retención preliminar ante las autoridades correspondientes y estamos a la espera de que salga para proceder, primero, a su ubicación, porque esta persona, pese a ser menor de edad, no tiene una vida familiar. Sabemos que ya vive fuera de su casa hace tiempo”, indicó.


En la mira

A pesar de que el general Zavala asegura que están trabajando, las críticas apuntan a la Policía, pues, según el gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho, más de la mitad de los 150 planteles extorsionados decidieron pagar para evitar ataques.

“El crimen ha crecido bastante y considero que no hay un buen trabajo de parte de la Policía. En una reunión, el general dijo que tenía controlado este tema y no es así”, afirmó.

La ola criminal en Trujillo hizo que el Minedu ponga sus ojos en esta ciudad y envíe un equipo especializado para coordinar temas de seguridad. Este grupo de trabajo también ofrecerá “apoyo técnico a fin de fortalecer y ampliar el ámbito de las Brigadas de Autoprotección Escolar en instituciones educativas particulares y brindará soporte socioemocional a estudiantes y maestros”.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ayer envió un oficial al jefe policial de La Libertad solicitándole “acciones ante la persistencia de atentados mediante el uso de explosivos”.

En el documento le pide que “se intensifique el patrullaje y la presencia policial en las instituciones educativas de la provincia de Trujillo” y “revaluar las estrategias adoptadas hasta el momento, para la identificación y posterior captura de las personas involucradas en los atentados”.

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