La desarticulación de la organización criminal ‘La Gran F.A.’, que amasó S/ 1,500 millones producto de la minería ilegal, corroboraría la alianza “malévola” que se habría dado entre funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad, malos policías y personas vinculadas a ilícitos.
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El caso
La madrugada del sábado se atrapó a 30 presuntos integrantes de esta red delictiva. Entre los intervenidos está el coronel Miguel Balta Paredes, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial La Libertad; así como otros cinco suboficiales.
También fue detenido el exgerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad, Raúl Araya Neyra. Él fue subgerente de esa área de enero de 2015 a diciembre de 2018. Además, en enero de 2019, asumió la gerencia hasta diciembre de 2022.
El Ministerio Público investiga si esta banda habría tenido apoyo de malos funcionarios regionales para trasladar el mineral sin ningún tipo de control.
Sobre el tema, Greco Quiroz, expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, dijo que la detención de Araya confirmaría la colusión que existiría entre funcionarios regionales, policías y el hampa.
“Se ha comprobado la colusión que siempre se ha denunciado que existe entre los mineros, los funcionarios del Gobierno Regional y la policía de la región. Este triunvirato malévolo y criminal que ha perjudicado severamente a la región La Libertad ha sido desbaratado”, indicó.
Evidencias
El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo que existen pruebas contundentes contra los 30 detenidos por integrar esta red delictiva dedicada a la minería ilegal, en donde está implicado el coronel Miguel Balta Paredes, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial La Libertad, así como otros cinco suboficiales y el exgerente regional Raúl Araya.
El fiscal también cuestionó que el Gobierno Regional de La Libertad no haya realizado una efectiva labor de control a la minería ilegal, pues “si hubiera una fiscalización responsable, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora”.
En el operativo, asimismo, se incautó una camioneta que está registrada a nombre de la Región; pero era usada para movilizar a integrantes de la banda.
Al respecto, Martín Namay, gerente general de esa entidad, informó que el vehículo fue donado en diciembre de 2019 a la Municipalidad Distrital de Huaranchal. “He llamado al alcalde de Huaranchal y me ha informado que fue cedida a las rondas campesinas, en cuyo poder ha estado al momento de la intervención policial”, dijo.
Ilegales
La provincia de Otuzco, en donde se realizó el operativo, actualmente tiene a 1,700 mineros ilegales, confirmó la consejera regional Irma Ávalos.
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