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El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, y el gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), Edilberto Ñique, cuestionaron el informe de la Procuraduría del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que pide rechazar el desistimiento del arbitraje que hizo la concesionaria a cargo de las obras y propone continuar con el laudo.
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Carta
Manuel Llempén dijo que envió una carta al ministro Óscar Zea indicándole que el pronunciamiento de la Procuraduría “es estrictamente legal, procesal, y no considera los impactos ni alternativas que mejor convengan y cautelen los intereses del Estado peruano”.
Detalló que el informe hace mención a pagos extemporáneos advertidos por la Contraloría. Sin embargo, ello no corresponde a las obras de la presa Palo Redondo, sino a trabajos existentes en la cual la concesionaria no tiene contrato alguno. “Se evidencia una carencia de revisión de la situación real y la documentación existente”, acotó.
El gerente Edilberto Ñique, por su parte, lamentó que la procuradora Katty Aquize indique que no es viable suspender el laudo que permitiría retomar los trabajos. Dijo que el reglamento de arbitrajes sí acepta esta medida.
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También advirtió que al esperar que salga el fallo arbitral, el proyecto corre el riesgo de permanecer paralizado otros cinco años.
“Pasa que los intereses a los que se refiere (la procuradora) no son del Estado, son sus intereses por mantenerse en el cargo, porque lo más fácil para un funcionario es dejar que otros decidan por uno”, dijo.
