De mal en peor. Un clima de alta tensión y honda preocupación es la que se ha empezado a vivir en la provincia de Pataz, región La Libertad, pues sumado al problema de inseguridad y crimen que les genera la minería ilegal, ahora temen que en los próximos días el Ejecutivo impida que miles de mineros artesanales en proceso de formalización continúen con su actividad extractiva. Esto podría desatar un grave conflicto social y otra ola de violencia y caos.
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Ayer, en conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del distrito de Pataz, José Torrealva Iparraguirre; el alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcoy, Alfredo Uriol Mariñoz; y el consejero regional por Pataz, Luis Rodríguez Ponce, anunciaron que han decidido sumarse a la marchas nacionales que se realizarán los días 11 y 12 de marzo, en Lima, para exigir al Estado derogue el Decreto Legislativo N° 1607, pues consideran que pone en peligro de extinción las actividades mineras en proceso de formalización.
¿Cuál es el riesgo?
De acuerdo con lo explicado por José Iparraguirre, el referido decreto, emitido el 21 de diciembre de 2023, en sus disposiciones complementarias finales precisa que se les otorga 90 días calendario a todos los mineros artesanales en proceso de formalización para concluir con el trámite correspondiente, incluida la presentación ante el Ministerio de Energía y Minas el contrato de explotación o de cesión.
Este documento debe estar debidamente inscrito en los Registros Públicos y suscrito con el titular de la concesión minera que tenga autorización para realizar las actividades de exploración y explotación.
Las personas que incumplan lo dispuesto dejarán de formar parte del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Ese plazo vence este 21 de marzo. Pasada esa fecha el Ejecutivo autorizará a las Fuerzas Armadas proceder con la interdicción en toda sector minero considerado ilegal y nosotros queremos hacer el deslinde que no somos ilegales, sino mineros artesanales en proceso de formalización y somos legales porque contamos con la autorización del Estado mediante el Reinfo y pagamos nuestros impuestos. Pero ahora les dan facultades a la gran empresa minera para que de acuerdo a su voluntad firme contrato de explotación con los mineros artesanales y si no quieren o no tienen intención de hacerlo, pues simplemente los dejan sin actividad, pues serán excluido del Reinfo”, manifestó el dirigente.
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Se suman
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcoy, Alfredo Uriol Mariñoz, dijo que se suma a la lucha de los mineros artesanales, porque hay miles de familias que dependen de esta actividad y no pueden quedar desamparadas.
José Iparraguirre precisó que en Pataz hay 1,460 mineros en proceso de formalización y hay 960 que tienen el proceso de inscripción al Reinfo suspendida.
“Serán a estos 960 a los primeros que se les impedirá trabajar pasado el 21 de marzo. No lo vamos a permitir, defenderemos nuestro trabajo e inversión”, afirmó Iparraguirre.
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