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Los congresistas de Lambayeque siguen dando de qué hablar.
La semana pasada, los legisladores María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), Hilda Marleny Portero López (Acción Popular), José Balcázar Zelada (Perú Bicentenario) y María Jessica Córdova Lobatón (Avanza País) votaron a favor del dictamen de ley que eleva las penas por los delitos de difamación y calumnia; y prevé una indemnización para el afectado por daño contra el honor.
Gremios periodísticos, el Colegio Profesional de Periodistas del Perú y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) han emitido comunicados rechazando el proyecto, porque sería contrario a la libertad de expresión y significaría una intimidación al trabajo de los periodistas del país.
Vale detallar que los legisladores lambayecanos que se muestran a favor de modificar el marco punitivo de los delitos contra el honor arrastran denuncias por hechos escandalosos que se conocieron en medios de prensa.
Acuña fue denunciada por disponer que sus trabajadores de la oficina de Chiclayo compartan remuneraciones. Este caso ya fue puesto a conocimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética denunció de oficio a la hermana de César Acuña.
Un reportaje detalló que el padre de la nieta de Hilda Portero fue designado, en marzo del 2022, por el Ministerio de la Producción para un importante puesto. Asimismo, que un mes antes Portero se reunió con el exministro de la Producción, Jorge Prado Palomino.
En razón a los avances de la Fiscalía de la Nación en el caso ‘Los Niños’, Portero fue incluida en este proceso y ello también se conoció a través de los medios de comunicación.
Respecto a Balcázar, desde que era candidato al Congreso, la prensa de Lambayeque publicó la denuncia en su contra por el presunto delito de apropiación ilícita en contra del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). Hace poco Correo informó que la Fiscalía aún no da resultados respecto la indagación suplementaria ordenada por un juzgado de Chiclayo y que toca directamente al legislador.
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El mes pasado, una publicación reveló que Balcázar y Acuña integran la lista de 40 parlamentarios sobre los cuales habrían indicios de su implicancia en ‘Los Niños’.
Antes de juramentar como congresista, la prensa reveló que la Fiscalía realizaba una indagación contra Jessica Córdova por el presunto delito de lavado de activos.
En 2022, se informó que una trabajadora, identificada como Shirley Martínez, del despacho de Córdova realizaba labores en paralelo en la empresa que dirige Horacio Vergara Arancibia, pareja de la congresista. La respuesta de Vergara fue enviar cartas notariales a los medios locales, a pesar de que la parlamentaria señaló que Martínez había sido separada.
Cabe indicar que la pena contemplada en el dictamen por difamación agravada es de 2 a 4 años de cárcel por difamación agravada. Fueron 11 minutos lo que se tomó el Pleno para aprobar el dictamen.
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