Contra el tiempo y al borde de la quiebra, miles de cañicultores de Lambayeque exigen la mediación urgente del Congreso de la República y el Gobierno Central ante la negativa de las grandes empresas azucareras de moler sus cosechas.
Los pequeños productores de caña de azúcar tienen como plazo límite los últimos días de septiembre; de lo contrario, la materia prima se echará a perder irremediablemente en los campos.
Desesperados
Asimismo, lamentan que el 90% de la capacidad de molienda esté concentrada en un solo grupo económico que se niega a otorgarles cupos de procesamiento, incluso después de haberse formalizado creando una empresa propia con RUC para negociar directamente.
De no moler su cosecha de manera inmediata, se prevé la pérdida masiva de entre 8 mil y 10 mil hectáreas pertenecientes a agricultores independientes, lo que representaría un duro golpe social y financiero para miles de familias rurales.
Genaro Vera Roalcaba, presidente de la Asociación Nacional de Cañicultores Agricultores del Perú (Ancap), señaló que el problema radica en el dominio de mercado que ejerce la principal corporación del sector y la falta de plantas locales, tras la quiebra de excooperativas azucareras.
“No tenemos dónde procesar, dónde moler nuestra caña, porque existe un monopolio del Grupo Gloria, que tiene empresas como AgroOlmos, Cartavio, Casa Grande. Tenemos la empresa del Grupo Oviedo, pero se dedica a moler su propia caña. Y el otro problema es que ya no funcionan empresas como Pucalá, Tumán, Cayaltí, entonces tenemos que llevarla a otros sitios donde se pueda, pero no nos quieren recibir y el agricultor está perdiendo su caña”, explicó.
Asimismo, el dirigente lamentó el desinterés mostrado por las autoridades locales frente al desamparo en el que se encuentran, contrastándolo con la apertura mostrada en regiones vecinas.
“En el Gobierno Regional de La Libertad, la gobernadora (Joana Cabrera Pimentel) nos recibió y está apoyando a todos los cañicultores de esa parte. En cambio, el Gobierno Regional de Lambayeque no hace nada. Pedimos reuniones y nos dieron una cita, pero con el gerente, este nos dijo que no tenía tiempo y nos delegó con un abogado, este nos dijo que tenía audiencias, o sea nos pelotearon, no hay respeto. El gobernador Jorge Pérez no tiene tiempo para ver el problema de la agricultura, estamos abandonados”, enfatizó.
Por tal motivo solitaron el apoyo de los congresistas por Lambayeque, siendo atendidos por la diputada Milagros Takayama Jiménez.
Disparidad
Por su parte, Alberto Salinas Barba, presidente de la Asociación Nacional de Defensa del Agricultor Peruano, advirtió sobre la enorme disparidad entre el costo del producto final y la paga que se les ofrece en el campo.
Precisó que mientras el precio del azúcar rubia se ha disparado a S/ 3.80 por kilo en los mercados minoristas —y el saco de 50 kilos bordea los S/ 170—, las moledoras pretenden pagar entre S/ 40 y S/ 50 por tonelada de caña (equivalente a 110 y 120 kilos de azúcar), un precio que los productores califican de abusivo y que no cubre ni los costos de producción.
“Nosotros, para instalar una hectárea de caña, estamos invirtiendo un promedio casi de 15 mil soles, y con caña instalada o segundo corte, estamos invirtiendo 9 mil a 10 mil soles. Es bastante costoso, y nos están pagando un precio irrisorio que nisiquiera compensa los gastos que nosotros estamos haciendo”, dijo.
El dirigente sostuvo que la negativa a atenderlos, no solo es de las grandes corporaciones, sino también de pequeñas empresas. “Incluso en Ferreñafe hay una fábrica chiquita que es de los Roncal. Esta fábrica muele 400 toneladas al día, pero tampoco nos quiere dar cupo, porque también nos quiere comprar caña a 40 soles”, lamentó.
Finalmente, Salinas Barba explicó que, con el fin de evitar cobros individuales abusivos y proteger a los agricultores de la tercera edad, decidieron formalizarse como empresa con RUC. Sin embargo, la respuesta del sector industrial continuó siendo de rechazo.
“Sacamos una empresa para poder contratar los servicios (...) sin embargo ellos no quieren aceptarnos como empresa. Dicen que no porque de repente les vamos a generar problemas, vamos a hacer paros o tomar carreteras. Nos están pagando un precio irrisorio que ni siquiera compensa la inversión de 15 mil soles por hectárea que cuesta instalar el cultivo. Si no nos otorgan cupos antes de fines de septiembre, las cañas se van a perder totalmente en el campo”, manifestó.
Solicitud
La diputada por Lambayeque, Milagros Takayama, recibió en su despacho de Chiclayo a Genaro Vera Roalcaba, presidente de Ancap, y a Octavio Carranza, fiscal de la organización, quienes expusieron la situación que afrontan los cañicultores.
Ambos expusieron casos en los que la producción quedó sin ser procesada por falta de cupo o rechazo de las plantas procesadoras, y plantearon como alternativa organizar la oferta de los agricultores y contar con una programación de turnos de molienda.
Asimismo, solicitaron a Takayama que interceda ante las empresas privadas del sector azucarero para exponer esta problemática. La parlamentaria les explicó que sus funciones no le permiten intervenir en las decisiones comerciales que corresponden a dichas empresas.
Dentro de esos límites, Takayama ofreció trasladar al empresariado el pedido formal que Ancap le haga llegar, a fin de que conozca directamente el planteamiento de los productores. El alcance de este ofrecimiento se limita a hacer llegar la comunicación, sin intervenir en la decisión que adopten las empresas.
