El juez César Bravo Llaque, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), se pronunció sobre los retrasos en los juicios y sobre la denuncia formulada en su contra por un concurso para la contratación de personal.
¿Por qué hay casos judiciales de exfuncionarios cuyos juicios orales se están programando hasta 2028?
Hay un déficit de órganos jurisdiccionales, el cual se encuentra en agenda. A nosotros nos da el dinero el Ministerio de Economía y, a pesar de que hay resultados, siempre se considera a la justicia en un segundo nivel, no prioritario. Aspecto que consideramos equivocado, porque la administración de justicia va a traer tranquilidad a la gente.
Entonces, ¿hay una afectación desde el mal alto nivel?
Proyectamos esto a través de la presidenta del Poder Judicial, pero es el Congreso y el Ministerio de Economía quienes deciden cuánto dinero se asigna y qué aspectos se atenderán. En la ley de presupuesto de 2026 no se contempla la creación de ningún órgano jurisdiccional a nivel nacional.
¿Qué avances hay con el expediente electrónico?
En 2025 se generalizó el expediente electrónico, sobre todo en materia laboral. Esto permite que abogados y justiciables, desde su casa, presenten escritos, asistan a audiencias y realicen tasaciones sin acudir al juzgado. Además, pueden seguir su proceso en tiempo real y acceder al expediente completo. También se reduce el uso de papel, promoviendo la ecoeficiencia.
¿Qué aspectos hay por mejorar en la Unidad de Flagrancia Delictiva de Chiclayo?
El local donde funciona la Unidad de Flagrancia es alquilado, y en él se encuentran varias instituciones públicas: la Defensoría, la Fiscalía, la Defensa Pública y el Poder Judicial.
Hasta ahora hemos resuelto siete mil casos, pero buscamos más espacio para ampliar la unidad. Actualmente solo 15 comisarías están incorporadas, y es un pedido del general de la Policía de Lambayeque incorporar las 45 restantes.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, dijo que la independencia judicial es una garantía esencial para la supremacía de la Constitución. ¿Usted comparte esta línea de pensamiento?
Los jueces nos debemos a la Constitución y actuamos con criterio de conciencia. También tenemos la imparcialidad y la independencia, que son deberes y garantías. Cuando un juez actúa dentro de estos parámetros y justifica su decisión, porque toda decisión judicial debe estar justificada, esa es la respuesta del Poder Judicial.
¿Cómo analiza que algunos jueces hayan aplicado control difuso por la inaplicación de leyes inconstitucionales, que vienen desde el Congreso?
Yo quisiera no entrar en ese tema porque estamos en un periodo electoral e impera la neutralidad. La ley nos obliga a que, en todos aquellos temas vinculados a asuntos políticos, los funcionarios debemos mantenernos al margen.
¿Pero no le preocupa que el presupuesto esté en manos del Gobierno?
Sí, preocupa bastante. Depende del Ministerio de Economía, que elabora el proyecto final y luego lo aprueba el Congreso. El Poder Judicial es el único que no aprueba su presupuesto y tiene que tocar puertas. Hemos pedido que, en la Constitución, la autonomía del Poder Judicial implique también la aprobación de su propio presupuesto.
¿Tiene conocimiento de la denuncia que se ha formulado contra su gestión en la Junta Nacional de Justicia?
Yo no he tenido ninguna participación en dicho proceso (Concurso Público de Méritos N° 001-2025), por mandato de ley. Nadie ha denunciado que yo haya intervenido. En el Poder Judicial, la labor administrativa está separada de la que realiza el presidente. Esto se aclarará con las investigaciones. Sabemos de dónde han venido estos ataques y, en su momento, lo revelaremos; también haremos valer nuestro derecho a que nuestro honor no sea mancillado gratuitamente.
Dato
Magistrado Bravo resaltó que más de 111 mil expedientes fueron resueltos en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque durante 2025, el segundo lugar en productividad
