Pérez Alquizar casi fue destituido por haber instalado una ilegal administración judicial en la Empresa Agroindustrial Tumán.
Pérez Alquizar casi fue destituido por haber instalado una ilegal administración judicial en la Empresa Agroindustrial Tumán.

Un Juez fue demandado por presuntamente haber favorecido a una secretaria judicial para que cobre S/ 7,000 en un proceso de pensión de alimentos.

Se trata de , del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, quien ha sido demandado ante el Primer Juzgado Civil de Chiclayo, por haber emitido una sentencia favoreciendo a Zelmira Elena Mejía Morales, quien labora como secretaria en el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, a fin de que  obtenga el dinero de su expareja sentimental, pese a que este no habría sido notificado correctamente.

De acuerdo al Expediente N° 1553-2024, el agraviado, Álvaro Calderón Segura, interpuso una demanda de “nulidad de cosa juzgada fraudulenta” contra el juez Pérez Alquizar  y Mejía Morales.

Calderón Segura, en sus medios de prueba sostiene que a través del Expediente Judicial N° 437-2017, su excónyugue le inició una demanda de pensión de alimentos para sus dos hijos de iniciales P.C.M. y C.C.M.

Este proceso se tramitó en el Juzgado de Paz Letrado de José Leonardo Ortiz, siendo el juez Edwin Siadén Díaz, quien a través de la Resolución N° 13, dispuso el pago de S/2,000 de manera mensual, para cada uno de sus hijos con la secretaria judicial en mención.

Luego, la demandante, no conforme con recibir la suma de S/4,000 por parte del padre de sus hijos, interpuso un recurso de apelación contra la sentencia, debido a que su propuesta económica era de S/7,000. Es así que el tema de alimentos fue elevado al Juzgado que dirige Pérez Alquizar.

Álvaro Calderón desde un inicio consignó como domicilio real la calle San José N° 977 departamento 401, pero la Resolución N° 13 le fue notificada al domicilio procesal de Zelmira Mejía, en la calle Romain Montoya N° 115 de la urbanización Arturo Cabrejos Falla, donde reside José Rimarachín Carranza, quien es abogado de la secretaria judicial.

El juez debió declarar nula todas resoluciones emitidas; sin embargo, el magistrado continuó con el proceso de alimentos hasta elevar a  S/ 7,000 la pensión.

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