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Un operativo realizado por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor PNP) y la Dirección General de Inteligencia (Digimin) culminó en la detención de 10 exfuncionarios de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh).
Esta intervención se enmarca en la investigación por el presunto delito de colusión agravada, debido a la compra de un terreno que la institución hizo en el año 2018 para la construcción de un nuevo cementerio.
En mérito a los resultados obtenidos desde entonces, los fiscales solicitaron al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que se dicte orden de detención preliminar contra un total de 11 personas.
Se trata de María Rosario Verástegui León (expresidente del directorio) y de los exmiembros del directorio, María Reynoso de Vargas, María Rosa Vásquez Pérez, Carlos Uriarte Núñez, Franklin Marín Gonzáles Salazar.
También Martha Chávez Alarcón, Juan José Ferroñán Viera, Martha Pita Mundaca, Felipe Llerena Gómez, Elena Barrueto Horna y José Manuel Niquén García.
Sin embargo, Verástegui fue declarada como no habida, según información de la Policía Nacional.
Durante una conferencia de prensa en la División de Investigación Criminal (Divincri), se informó que el operativo estuvo amparado por una orden judicial de detención preliminar, allanamiento y descerraje solicitada por el Ministerio Público ante el juzgado.
Asimismo que el personal policial recorrió once inmuebles en Chiclayo, Pimentel, Lambayeque y Huacho (Lima).
La detención preliminar tiene un plazo de 3 días, mientras tanto los implicados permanecerán recluidos en la Divincri.
Compra
La investigación penal sostiene que los denunciados habrían concertado con Massimiliano Mizzi la adquisición de un terreno para otro cementerio de la SBCh, para lo cual se gastó $ 1 193 760 dólares americanos.
Pero luego se descubrió que dicha área no es apta, además la institución terminó pagando por encima del valor real.
Por ello, la Fiscalía considera que hubo un accionar que habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Cementerios.
Esta historia empezó cuando al interior de la Beneficencia se impulsó un proyecto para contar con un nuevo camposanto ante la falta de espacio en “El Carmen”.
A fines del año 2016, la exjefa de la División de Cementerio, Servicio Funerario y Producción, Elena Barrueto, solicitó a la Unidad de Abastecimiento la formulación de un expediente para la adquisición de un terreno de una hectárea de extensión.
En noviembre del 2017, la Oficina de Administración, mediante el informe N° 346, comunicó a la entonces gerente general, Matha Chávez que una comisión de búsqueda había encontrado un lote en la carretera Chiclayo- San José. Días después, Chávez pidió a la presidente del directorio, María Verástegui, integrar esa comisión, algo que fue oficializado con la resolución N° 174.
Es así que la Beneficencia recepcionó 5 propuestas de zonas ubicadas en San José, La Victoria y Pimentel.
Sin embargo, solo la oferta presentada por Massimiliano Mizzi y Wina Margarita Isasi
Berrospi ingresó directamente a la secretaria de la gerencia general de la SBCh.
A pesar que el exgerente de Ingeniería, Juan José Ferroñán recibió el encargo para evaluar los cinco terrenos, al término de su labor presentó un informe donde concluía que solo la propuesta de Mizzi cumplía todos los requisitos de la Ley de Cementerios.
Ya en enero del 2018, Martha Chávez pidió a María Verástegui que Ferroñán sea incorporado a la comisión de búsqueda. Y el 8 de febrero de ese año, los miembros del directorio de la SBCh aprobaron la propuesta de adquisición directa del terreno, teniendo en cuenta el informe de ingeniería N° 019-2018. Este documento contenía la evaluación técnica realizada por Ferroñán y cuyas conclusiones favorecían a Mizzi, propietario de una extensión de 7 hectáreas en el sector Las Pampas de Pimentel.
Después de 81 días, Verástegui emitió una resolución para aprobar la contratación directa; luego el exjefe de la Unidad de Abastecimiento, José Niquén, pidió que Administración modifique el PAC 2018, a fin que se incluya el proyecto “Adquisición de terreno para el nuevo cementerio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo” por el importe de 1 millón 193 mil 780 dólares.
Pese a las observaciones que alcanzó la Unidad de Administración, Niquén siguió adelante y elaboró los términos de referencia del procedimiento de contratación, entre los cuales se destacaba que el terreno sería accesible al público. A inicios de julio, la SBCh desembolsó la millonaria suma a Mizzi.
No obstante, el mes siguiente el municipio de Pimentel alcanzó un informe donde indicaba que los terrenos de Las Pampas solo tenían permiso para la edificación de viviendas.
Posteriormente, vino una seguidilla de observaciones del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República (CGR), las cuales determinaron que el terreno no podría ser aprovechado para el objetivo trazado.
