Total indignación mostraron los agentes del área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri), debido a que el Poder Judicial de Lambayeque ordenó la inmediata liberación de una pareja (hombre y mujer) implicados en el delito de extorsión.
Controversia
Fuentes de la Policía señalaron que se trata de Gabriela Eca Silva, de 38 años de edad, e Hipólito Lozano Montenegro (37), quienes cayeron en flagrancia delictiva en la calle Alfonso Ugarte frente a la urbanización Santa Marina de Los Pinos en el distrito de Pimentel, tras ser acusados de exigir S/10,000 a un operador de maquinaria pesada, para no atentar contra su vida, la de su familia y bienes patrimoniales.
Sin embargo, pese a las pruebas que incriminaban al individuo, quien además es un expresidiairo, la fiscal Gina Lezcano Solano no habría sustentado bien el pedido de prisión preventiva, por ello la jueza Marilin Alarcón Agreda, del Cuatro Juzgado de Investigación Preparatoria, los liberó.
Cabe indicar que al hombre le encontraron dos teléfonos celulares con mensajes extorsivos e incluso a otro agraviado.
Comunicado
El Ministerio Público ha comunicado a la ciudadanía que, el pasado 10 de marzo, solicitó al Poder Judicial la medida de prisión preventiva por nueve meses contra los investigados Hipólito L. M. y Gabriela E. S., quienes están involucrados en un caso de extorsión. Este delito, que afecta a un operador de maquinaria pesada identificado con las iniciales E.R.P..
Añadió que el Poder Judicial declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva, argumentando que, aunque existían elementos que sustentaban un grado de sospecha sobre la responsabilidad de los imputados, no alcanzaban el nivel de gravedad ni la probabilidad de riesgo exigidos por la ley para dictar la medida. En lugar de prisión preventiva, el juzgado dispuso comparecencia con restricciones y reglas de conducta, lo que generó malestar en las autoridades.
Ante esta resolución, el Ministerio Público ha decidido interponer un recurso de apelación, con el objetivo de que la instancia superior reevalúe la solicitud de prisión preventiva y determine si la decisión judicial fue correcta.
