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El jefe encargado de la Oficina Regional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Norte, Genaro Escamilo Gómez, fue denunciado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Un grupo identificado como la Coordinadora Nacional Anticorrupción (CONAN) Perú detalló los hechos ante el Legislativo, y solicitaron una exhaustiva investigación.
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El presidente de la CONAN, Enrique Bernal Solano, indicó que Escamilo sería responsable de actos de corrupción, registrados cuando fue director en el Establecimiento Penitenciario de Piura.
Asimismo, le atribuye al funcionario haber vulnerado los principios de resocialización y los derechos de los internos de dicha zona, relacionados con la visita de familiares, salud y comunicación.
Por ello, Bernal sostuvo que se debería disponer la nulidad de la Resolución Presidencial INPE N° 145-2022, de fecha 7 de julio, para que se nombre a un profesional más idóneo y competente para el cargo.
En el 2020, se informó que la salud de los reos de Piura corría riesgo por las fuertes restricciones impuestas a raíz de la pandemia. Incluso la comunicación con los familiares fue muy limitada. Posteriormente, el establecimiento autorizó que los internos realicen videollamadas y llamadas telefónicas al exterior. La versión oficial señalaba que era una actividad autorizada para que quienes presentaban buena conducta contactasen a sus parientes.
Un año antes, la Defensoría del Pueblo demandó una investigación a los directivos del Centro Juvenil de Rehabilitación de Trujillo (exFloresta), entre ellos estaba Escamilo, tras el incendio producido en dicho local que dejó 5 fallecidos y 19 jóvenes afectados por asfixia. El incidente gatilló otras denuncias por supuestos maltratos a los jóvenes.
En su defensa, Escamilo aseguró que la tragedia se produjo por el enfrentamiento de 3 grupos rivales. Fuentes del ámbito penitenciario indicaron a este Diario que los cambios en el INPE podrían continuar en los próximos meses.
Asimismo, explicaron a Correo que Genaro Escamilo ha recibido el encargo del Ejecutivo por tratarse de un profesional que ha desempeñado cargos similares en otras regiones. La designación busca garantizar la continuidad de los servicios en los penales del norte del país, ya que estos cuentan con un buen número de población carcelaria.
