Lambayeque: Fiscalía investiga a exjueces por caso “La Gran Familia”

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos inició una investigación preliminar contra cinco exjueces de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) porque habrían realizado actos a favor de la red criminal “La Gran Familia”.

Los hechos fueron revelados hace ocho años y les generó a los entonces magistrados un proceso disciplinario por parte de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que finalmente recomendó la destitución.

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Nombres

En la lista figuran: Ricardo Ponte Durango, exjuez superior; y Óscar Tenorio Torres, exjuez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo; quienes son investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y crimen organizado.

Asimismo, los exjueces Franklin Rodríguez Castañeda, Miguel Lozano Gasco y Juan Zúñiga Bocanegra, investigados como autores del presunto delito de cohecho pasivo específico.

La disposición comprendida en la carpeta fiscal 132 – 2020 también incluye a los abogados Gino Díaz Brenis, José Quiroga Seclén, Irvin Ayora Linares y Willy Mundaca Díaz, como supuestos cómplices de los delitos de tráfico de influencias, crimen organizado y cohecho.

De acuerdo a la denuncia, Ricardo Ponte y Óscar Tenorio se habrían comunicado con un juez de la CSJLA con la finalidad de que dos integrantes de “La Gran Familia” sean liberados.

“Formarían parte de un aparato judicial encargado de resolver asuntos judiciales de interés de la banda conjuntamente con los abogados mencionados”, se les imputa.

Respecto a los demás magistrados, se advierte que habrían dictado resoluciones favorables a “La Gran Familia” otorgando libertad a los integrantes, y en otras ocasiones imponiendo condenas benévolas en delitos graves. “Se presume que tal accionar se debería a que obtuvieron beneficios por parte de la banda criminal”, consta en la disposición fiscal.

En ella, se hace mención de los expedientes 380 – 2006 por robo agravado, y 4507 – 2008 por homicidio simple.

“La conducta aparentemente ilícita se debería a la emisión de resoluciones judiciales en las cuales se varió el mandato de detención por el de comparecencia a favor de Antonio Palma Silva, presumiéndose que tal conducta, se debería a supuestas ventajas económicas”.

Descargos

Al respecto, el abogado Ricardo Ponte Olazabal precisó que las supuestas sentencias irregulares que le cuestionan a su padre no tienen relación con ningún miembro de “La Gran Familia”.

“Son hechos totalmente falsos y ridículos que no tienen ningún asidero probatorio. Nunca fueron materia de investigación justamente por falta de elementos de convicción. Y a nivel administrativo, la Ocma no sanciona a los magistrados por favorecer a una organización criminal, sino, por haber sentenciado por debajo del mínimo legal”, señaló.

Pero estas sentencias que emitió la Sala Penal Liquidadora que presidía Ponte Durango – indicó el abogado - se encuentran debidamente sustentadas en principios reconocidos por la Corte Suprema.

“Por robo agravado la pena mínima es 12 años, y dieron sentencias por debajo del mínimo, pero sustentadas en principios, como el de imputabilidad restringida, el cual señala que aquellas personas mayores de 18 años y menores de 21, se le puede bajar la pena por debajo del mínimo legal. Hay un acuerdo plenario que así lo establece”, acotó.

Por último, dijo estar de acuerdo en que se investigue para que el caso sea esclarecido y poder iniciar acciones legales contra el denunciante, Rafael Orrego, quien anteriormente también lo denunció por lavado de activos pero fue archivado.

“Como exfuncionario público es parte de escrutinio, no habría ningún problema, pero inventar un tráfico de influencias, un cohecho, involucrando a más personas es demasiado, espero que los abogados mencionados no se queden con los brazos cruzados”, manifestó.