Con la pasividad del Poder Judicial y del Ministerio Público, un despacho fiscal continúa sin presentar la acusación o el archivamiento de la denuncia por lavado de activo.
Con la pasividad del Poder Judicial y del Ministerio Público, un despacho fiscal continúa sin presentar la acusación o el archivamiento de la denuncia por lavado de activo.

El emblemático caso “” continúa abierto, pese a que se trata de una investigación del año 2014.

Por increíble que parezca un despacho de la Fiscalía aún no define si acusará o archivará la imputación por el presunto delito de lavado de activos, que fue el sustento para ordenar la captura y prisión preventiva del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales y de sus principales exfuncionarios hace casi 7 años.

“No sabemos nada”

Para comprender esta demora, hay que precisar otras fechas.

En octubre del 2018, la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo concluyó la investigación preparatoria del caso principal (lavado de activos), a partir de entonces el fiscal provincial, Sergio Zapata Orozco, tuvo 30 días para presentar el requerimiento de acusación o sobreseimiento (archivo), pero eso no ha sucedido hasta la fecha.

“No sabemos nada, a pesar que la Sala y el propio Juzgado han pedido al fiscal que cumpla, porque está fuera del plazo legal y por tratarse de un tema complejo. Esto linda con la responsabilidad funcional”, sostuvo el abogado, Juan Carlos Velásquez Caro.

A esto se añade algo más delicado: el gasto generado al Estado.

Como el caso seguido a Roberto Torres era complejo, en el 2015 el Ministerio Público dispuso la creación de una Fiscalía ad hoc, a cargo de Zapata, con la finalidad de que este magistrado y su equipo trabajen de manera exclusiva en las pesquisas.

Pero ya van tres años desde que concluyó la investigación preparatoria y no se tiene una respuesta.

“Sorprende que demoren tanto, habiendo tenido una Fiscalía dedicada a exclusividad. En el supuesto de que acuse, cuánto tiempo más llevará para que termine el juicio y en plena pandemia”, agregó Velásquez.

Un punto que preocupa es la pericia sobre el supuesto desbalance patrimonial de los investigados. La defensa ha pedido que no se considere como elemento de prueba en un virtual juicio, ya que el documento fue ingresado después de la conclusión de la investigación preparatoria.

Algunos hallazgos también son motivo de objeción, pues, por citar un ejemplo, se han consignado deudas y el patrimonio de personas que no fueron incluidas en la investigación

Hay más

Otra imputación pendiente es la de asociación ilícita, pese a que en Los Limpios se incluyó a más de cien implicados, desde el 2014 solo Norma Muro Neyra ha sido condenada por dicho ilícito. Hace poco la Corte Suprema ordenó que se haga un nuevo juicio para discutir la reparación civil.

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