Lambayeque: Más de diez candidatos a alcaldías registran graves condenas

Los partidos políticos tradicionales nuevamente están ofreciendo como candidatos en estas Elecciones Regionales y Municipales en la región Lambayeque a personajes que, años atrás, fueron sentenciados por cometer diferentes delitos.

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Tal como se vio en comicios pasados, esta vez también se han presentado candidatos que, en sus respectivas hojas de vida, han consignado las sentencias que el Poder Judicial les impuso, tras hallarlos culpables de actos ilícitos.

Omitir u ocultar información sobre sus antecedentes judiciales es considerado una falta grave que afecta al electorado y podría acarrearles una denuncia por falsa declaración jurada, tal como se ha visto en varios casos.

De los doce candidatos que postulan a la alcaldía de Chiclayo, figuran dos con sentencias. Uno de ellos es Miguel Ángel Bartra Grosso, del partido político Somos Perú, quien el 13 de mayo de 2001 fue sentenciado a dos años de cárcel suspendida por el delito contra la voluntad popular.

Asimismo, figura el candidato del partido político Perú Libre, Antero Humberto Monsalve Gonzales, sentenciado a 4 años de cárcel suspendida, por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, en abril de 2008.

Así también, de los 11 candidatos que se han inscrito para postular a la alcaldía de Lambayeque, aparece uno con sentencias en su pasado. Se trata de Eduardo Jacinto Teque, del partido político Fuerza Popular, quien en mayo de 1999 fue sentenciado a 4 años de cárcel suspendida por el delito de concusión. De igual modo registró la sentencia de 2 años de cárcel suspendida que se le impuso en junio de 2012 por el delito contra la fe pública.

En la provincia de Ferreñafe, también solo 1 de 10 candidatos inscritos figura con antecedentes penales en su hoja de vida. Se trata de Juan Carlos Cobeñas Nunura, de Juntos Por el Perú, quien en setiembre de 2007 y en diciembre de 2018 fue sentenciado a 2 años de cárcel suspendida por cometer el delito de omisión a la asistencia familiar.

CANDIDATOS EN DISTRITOS CONDENADOS

En el problemático distrito de José Leonardo Ortiz se han presentado 14 candidatos a la alcaldía, de los cuales 4 tienen sentencias.

Uno de ellos es Ausberto Sánchez Saldaña de Acción Popular. En su hoja de vida consignó una sentencia por el delito de violación sexual que se le impuso en noviembre de 2005, la cual ya cumplió. Asimismo, incluyó dos sentencias por pensión de alimentos que se le impuso en los años 2008 y 2013.

También figura el candidato Óscar Enrique Maeda Asencio de Somos Perú, quien en su declaración jurada ha incluido una serie de sentencias por los delitos de calumnia y difamación agravada, algunas condenatorias y otras absolutorias.

Otro candidato leonardino es Onías Pérez Torres, del partido fujimorista Fuerza Popular, sentenciado en diciembre de 2018 a 4 años de cárcel suspendida por el delito de estafa agravada.

Y finalmente, en JLO aparece la candidata Bertha Marleni Irigoín Quintana de Alianza Para el Progreso (APP), quien fue condenada a 3 años de cárcel suspendida, en agosto de 1999, por el delito de receptación.

Para la alcaldía del distrito de Olmos también se ha presentado un candidato con antecedentes judiciales. Se trata de Santos Felizardo Cuzque Crisanto, de Juntos por el Perú, quien en setiembre de 2010 fue absuelto del delito de terrorismo. Sin embargo, registra una demanda por pensión de alimentos declarada fundada en el 2006.

En el distrito de San José también se ha presentado un candidato que fue sentenciado por incumplir su obligación de padre. Se trata de Víctor Alfredo Paiva Rosales, de Somos Perú.

En su hoja de vida consignó 4 sentencias por los delitos de omisión a la asistencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria que se le impuso en los años 2010, 2012, 2013 y 2019. Incluso, en el portal web del Poder Judicial figura como Deudor Alimentario Moroso.

Finalmente destacan los candidatos que el partido Avanza País ha presentado para la alcaldía de Pacora y Zaña, pues ambos registran sentencias por el delito de peculado (apropiación de dinero del Estado).

Se trata de Jimmy Joel García Sirlopú, quien en noviembre de 2018 fue sentenciado a dos años de cárcel suspendida por peculado.

Mientras que, en julio de 2011, Roberto Andrés Yep Burga fue condenado a cuatro años de cárcel suspendida por peculado doloso; pero a la fecha – según dice en su hoja de vida – ya se encuentra rehabilitado.