Lambayeque: Piden a Ministerio de Vivienda que intervenga en obra paralizada

Por tercera vez, pobladores de los 12 pueblos jóvenes ubicados al margen de la carretera Pomalca-Chiclayo protestaron para exigir que se retome la ejecución de la millonaria obra de agua potable.

VER MÁS: Lambayeque: Epsel eleva tarifa del servicio de agua potable

En esta oportunidad, solicitaron que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento intervenga para lograr que concluya la ejecución; pero Epsel descartó esta posibilidad debido a que la obra será sometida a un proceso de conciliación.

Trabas

La paralización de esta obra, valorizada en casi 56 millones de soles, está afectando al menos 10 mil pobladores de los pueblos jóvenes Villa Progreso, Upis Miraflores, Las Vegas, Samán, California, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Ramiro Prialé II, San Félix, San Francisco de Asís y La Unión.

Algunos de ellos marcharon ayer por la carretera Pomalca-Chiclayo para exigir que se reinicien los trabajos. Además, cuestionaron el papel que tuvo Epsel durante la ejecución de este proyecto.

Como se sabe, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque suscribió el contrato con el Consorcio Progreso en noviembre del 2018.

Casi tres años después, la Contraloría detectó que el Consorcio y la empresa supervisora (Consorcio Supervisor Asís) habían alertado riesgos a Epsel que no fueron incluidos en el estudio técnico y que generarían fisuras y agrietamiento en una planta de tratamiento.

Las demoras para absolver las consultas del contratista generaron que la obra quedara paralizada, según el órgano de control. “A la empresa supervisora le estarían debiendo más de S/300 mil y a la empresa contratista, cerca de S/4 millones, contó Elmer Pasapera, representante de los 12 pueblos jóvenes.

El dirigente también sostuvo que la población que debía beneficiarse con la obra se ha incrementado -desde que se formuló el expediente- y al menos 30 mil pobladores no contarán con el servicio de agua potable y alcantarillado.

PUEDE LEER: Personal de la municipalidad de Chiclayo arroja agua de lluvia a los buzones de desagüe

Para las familias afectadas, Epsel ya no debería estar a cargo del proyecto sino el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la entidad prestadora rechazó esta opción.

A través de su Oficina de Imagen Institucional, Epsel explicó que al estar bajo el régimen de OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento), sí pertenecen a dicho ministerio.

Asimismo, indicó que la obra quedó con un avance físico superior al 60%, y para que concluya, se necesita resolver los aspectos que exige el contratista.

El Consorcio Progreso solicitó la ampliación del plazo de ejecución por 12 meses y el pago de mayores gastos generales como resultado de estos trabajos.

Sin embargo, Epsel considera que estas demandas no se justifican. Además, la entidad plantea que se elabore un expediente de saldo de obra para culminar la ejecución y que las discrepancias con el contratista se resuelvan mediante un arbitraje.

El próximo 7 de abril se realizará la primera conciliación entre Epsel y el Consorcio para definir estos aspectos.