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El candidato al Gobierno Regional de Lambayeque por Juntos por el Perú, Juan Carrasco Millones podría ser acusado constitucionalmente e inhabilitado para ejercer un cargo público.
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El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó que la Comisión Permanente acuse al presidente Pedro Castillo Terrones y a los exministros Juan Silva (Transportes) y Juan Carrasco (Defensa) por los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y colusión.
El documento detalla que la Comisión ha corroborado que el jefe de Estado mantuvo reuniones fuera del domicilio legal del despacho presidencial -es decir en el pasaje Sarratea N° 179 ubicado en Breña- con exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal.
Agrega que estos hechos son materia de investigación, tanto a nivel de las Fiscalías especializadas como de la Fiscalía de la Nación, en el caso del presidente y de los exministros Walter Ayala y Juan Silva.
A partir de ello queda claro que Carrasco fue incorporado en las conclusiones finales por haber acudido al domicilio del pasaje Sarratea sin haber transparentado el encuentro.
Como se recuerda, el caso fue revelado gracias a un informe periodístico del programa Cuarto Poder.
En las imágenes se observa al también exfiscal saliendo de la residencia el 19 de noviembre de 2021. La movilidad del entonces titular de la cartera de Defensa fue vista cuando partía de la famosa calle.
Horas después, la empresaria Karelim López Arredondo -hoy colaboradora eficaz en las investigaciones por la licitación del proyecto Puente Tarata- fue grabada ingresando al inmueble.
Carrasco integró el gobierno de Pedro Castillo, primero como ministro del Interior (julio del 2021), luego como titular del Ministerio de Defensa (noviembre del 2021) y posteriormente como viceministro de Justicia, cargo que ocupó hasta abril de este año pues renunció para dedicarse a la política.
Hoy continúa a la cabeza de las actividades proselitistas que organiza su partido en los diferentes distritos de la región Lambayeque.
Suerte
Consultado ayer en la mañana sobre la decisión de la Comisión de Fiscalización, Carrasco solo dijo que aún no ha sido notificado por el Congreso, motivo por el cual no puede pronunciarse sobre el tema específico.
Cuando fue interrogado en el Parlamento, a inicios de mayo, el exfuncionario aseguró que asistió a la casa del jirón Sarratea para “probar suerte” y comunicarle al presidente sobre el fallecimiento de su madre.
Dijo también que no logró reunirse con el mandatario, pese a que lo esperó por más de una hora, y que no había visto al presidente desde que había juramentado al cargo de ministro de Defensa.
“Cuando digo que fui a probar suerte, fui a ver si era posible encontrar al presidente en ese lugar”.
Además, declaró que una persona de su entorno le recomendó que asista a la casa Sarratea para visitar al presidente, pues este solía asistir a esa casa durante la campaña electoral.
En otra pregunta, Carrasco contestó no conocer a Karelim López.
Ante la consulta sobre la versión de López advirtiendo que el presidente Castillo y su entorno conformaron una organización criminal, el exmagistrado indicó que no conoce a la empresaria, que no ha conversado con ella y que es una persona ajena a sus actividades.
¿Qué sigue?
De acuerdo a los procedimientos que regula la Constitución Política de 1993, la Comisión Permanente será la encargada de acusar ante el Congreso al presidente y a los demás involucrados.
Los acusados tendrán derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de un abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno, tal como sucedió en diferentes momentos con con los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.
La aprobación de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de congresistas. No participan los miembros de la Comisión Permanente.
El artículo 100 de la Carta Magna indica que “corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad”. Un ejemplo reciente es lo sucedido con Vizcarra por el ‘vacunagate’.
Según los especialistas, la naturaleza del juicio político es la sanción política de una conducta que se considera lesiva a la dignidad o autoridad del cargo por el funcionario público.
En lo que corresponde al jefe de Estado, la Comisión de Fiscalización le atribuye un accionar ilícito por las irregularidades en la licitación del Puente Tarata, con una inversión pública de S/ 232.5 millones, la injerencia para los ascensos en las Fuerzas Armadas y las reuniones clandestinas en el domicilio del pasaje Sarratea.
