Situación preocupante. Los hechos de violencia sexual escolar siguen apareciendo en los colegios de la región.
Hasta el mes de julio se reportaban 43 actos de este tipo y tres meses después ya suman 87 casos, según lo reportado hasta octubre al portal SíseVe Contra la Violencia Escolar del Ministerio de Educación (Minedu).
Los dígitos no son suficientes para comprender el impacto de este flagelo, pues de acuerdo a la información alcanzada por las instituciones educativas, son las alumnas del nivel secundaria las más afectadas por agresiones de índole sexual.
Ellas conforman un universo del 90%, al cual le sigue un 9% ocupado por escolares del nivel primaria, así como un 1% donde están los menores del nivel cuna-jardín.
Asimismo se tiene que el 98% de agresores denunciados era personal educativo, la mayor parte de ellos se desempeñaba como docente. Mientras que los alumnos identificados como atacantes conforman el 2%.
Los agresiones se materializaron a través de hostigamiento u acoso, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, violencia sexual a través de medios tecnológicos y violación sexual.
A la consulta de Correo, la Gerencia Regional de Educación respondió que 9 profesores, denunciados en años anteriores, ya fueron sancionados con la separación definitiva de las aulas; aunque estos han apelado las resoluciones administrativas ante la Autoridad del Servicio Civil (Servir).
Y en lo que va de este año, 15 maestros denunciados se encuentran suspendidos, pero aún pueden laborar en las Unidades de Gestión a las que pertenecen. Esto será así hasta que culminen las investigaciones, que están a cargo de una Comisión de Procedimientos. La revisión de los hechos y pruebas puede tomar un año o 2 años, y siempre hay riesgo de prescripción.
Qué está haciendo la Gerencia Regional de Educación (GRED)
El gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra, anotó que la prescripción es un tema que no puede pasarse por alto y que implica la denuncia y sanción a los integrantes de las comisiones que dirigieron las investigaciones.
De otro lado, dijo que se impulsan programas de prevención de la violencia y mejora de la convivencia escolar.
Este trabajo cuenta con la participación de 28 psicólogos contratados por las UGEL con sus propios recursos. Estos profesionales desarrollan campañas itinerantes, debido a que en la región funcionan más de 1200 colegios públicos.
Añadió que las denuncias de violencia sexual se abordan con protocolos específicos. “El denunciado es separado y depositado en la UGEL que corresponda. Luego hay una investigación y de ahí sigue un proceso administrativo que puede tomar un año o más, porque los denunciados siempre apelan”.
Añadió que las tres UGEL trabajan estrategias de prevención con niños y adolescentes. Ahora más porque se ha notado un aumento considerable de casos de violencia. “También estamos observando menos participación de los padres y madres en la formación de sus hijos. Ellos están delegando toda la responsabilidad a los colegios y eso no es adecuado, si en primaria la presencia de ellos es poca, en secundaria es la ausencia total”, sostuvo.
Además, destacó que en el último concurso de nombramiento docente se aplicaron evaluaciones psicológicas para seleccionar a los profesores más idóneos. El funcionario se mostró a favor de que este filtro se extienda a otros tipos de contratación en el sector educación.
El director de Gestión Pedagógica de la UGEL Lambayeque, Abram Sánchez Vidaurre, indicó que este año se han reforzado las estrategias de prevención de la violencia con el apoyo de 7 psicólogos itinerantes, quienes además han identificado escuelas de Lambayeque, Mórrope y Olmos como de mayor riesgo.
Enfatizó que aún requieren de más financiamiento para contratar especialistas y llegar a nuevas comunidades de estudiantes. La población escolar en esta provincia asciende a 67 mil. Sacando partidas de su presupuesto, esta entidad puede llegar a contratar un total de solo 24 psicólogos.
“Este año la UGEL ha depositado 7 profesores denunciados por violencia sexual, que trabajarán aquí hasta que sus casos se definan. Es lógico que haya una molestia con los plazos, pero si la Comisión de Procedimiento no consigue las pruebas, tiene que archivar, y ha pasado antes que los docentes acusados, luego de ser exonerados han denunciado a directores y a quienes los investigaban”, detalló Sánchez acerca de toda la ruta que sigue el ámbito administrativo cuando se detecta a un agresor sexual.
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Psicólogo describe el problema
El psicólogo y excapacitador del Programa SíseVe en Lambayeque, Francisco Távara, explicó a Correo que los entornos machistas favorecen la aparición de la violencia y sus diferentes manifestaciones.
Mediante las charlas brindadas en los salones de clase, se ha detectado que las alumnas denuncian, principalmente, haber sufrido acoso por parte de profesores, que les proponían sostener encuentros fuera de la institución educativa o mantener relaciones como si se tratara de una pareja adulta.
Confirmó que el distrito de Mórrope merece una atención de las autoridades, ya que la violencia sexual genera deserción escolar y embarazo adolescente. Esta localidad no dispone de un Centro Emergencia Mujer (CEM).
Távara señaló que es muy importante que la sociedad y los medios de comunicación expongan que el acoso y la violencia sexual sucede en los colegios.
“Sabemos de casos de estudiantes que se retiraron pues la institución no les brindó solución, otros no obtuvieron justicia porque los hechos terminaron archivándose. Las autoridades tienen que diseñar más estrategias para una protección y soporte integral”, dijo.
Agregó que otro problema detectado es la demora en el registro de casos en SíseVe, debido a que los directores temen que se vea afectada la imagen del colegio.
“Tras la pandemia ocurrieron cambios y hoy se necesita que los profesores y directores sean concientizados en que el portal es la herramienta de una política que busca reducir los niveles de violencia en las aulas. Además, está el Libro de Registro de Incidencias, regulado por el Minedu, que debe estar presente en todas las escuelas”.
El Programa de Atención a la Violencia Escolar establece 6 protocolos de intervención. Cuando la violencia sexual es por parte de un docente, el director (a) tiene un plazo de 24 horas para denunciar ante el Ministerio Público, UGEL, CEM o Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente.
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Defensor del Pueblo hace hincapié en falencias
A raíz de esta preocupante cifra que registra el SíseVe, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, señaló que aún faltan estrategias enfocadas en la prevención de la violencia sexual contra adolescentes, niñas y niños.
Debido a la delicadeza de las denuncias que involucran a menores de edad, declaró que es importante que los colegios brinden soporte emocional a las víctimas y que las instancias correspondientes cumplan con la separación definitiva del agresor, cuando se establezca su culpabilidad.
“Se necesita un mayor énfasis en la prevención, porque este tipo de hechos requiere de un abordaje especial, para que las alumnas y los alumnos conozcan sus derechos y tengan la seguridad de denunciar a quien los está agrediendo, así sea un profesor”, explicó.
Hidalgo reiteró el llamado de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República para la aprobación del proyecto de ley N° 6113/2023- E, el cual propone, entre otros temas, declarar imprescriptible la acción disciplinaria en casos de violencia y hostigamiento sexual en agravio de escolares, además de ampliar la inhabilitación permanente de los docentes involucrados en estos hechos.
Entre los años 2018 – 2020, en 101 casos la sanción impuesta al personal docente se dejó sin efecto por motivo de prescripción de la acción disciplinaria, según el Tribunal del Servicio Civil. Además, el Sistema de Monitoreo del Ministerio de Educación señala que en los últimos 9 años, 604 expedientes de violencia sexual en agravio de estudiantes se archivaron por motivos de prescripción.
Cabe indicar que Las intervenciones en las instituciones educativas se apoyan en el soporte legal del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes, la Ley que promueve la convivencia sin violencia en los colegios, la Ley de Reforma Magisterial, la Ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y otras 4 normativas.
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