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La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) ejecutar un peritaje a un paquete de contratos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH).
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Ello como parte de las diligencias preliminares que ese despacho desarrolla para esclarecer una seria denuncia sobre la contratación directa de proveedores en los años 2021 y 2022.
El pasado 5 de mayo, representantes de la Fiscalía acudieron hasta las oficinas de la comuna y recogieron contratos e informes técnicos, con la finalidad de ejecutar un mayor análisis y así verificar si los funcionarios de la actual gestión cumplieron con lo que dispone la Ley de Contrataciones del Estado.
Cabe precisar que esta intervención se produjo luego de los informes periodísticos de Correo, publicados entre los días 3 y 4 de mayo, sobre ocho contratistas que en total facturaron más de S/ 2 millones con la MPCH, a pesar de que no se habrían respetado los requisitos legales.
Esta revelación motivó que los fiscales inicien una investigación de oficio.
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Informe
El fiscal a cargo de esta indagación, José Guevara Gilarmas indicó que es importante el resultado a nivel de Contraloría, pues el aporte de este organismo permitirá establecer con claridad la existencia, o no, de vicios en los procedimientos de adquisición, y de esa manera se podría acreditar la comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible.
La Fiscalía Anticorrupción maneja varias investigaciones complejas, que involucran a funcionarios y donde se cuestiona la ejecución de contratos del Estado. Eso significa que los fiscales de esa especialidad registran una notable carga procesal, y esta labor se complica debido a la ausencia de un equipo de peritos.
Por ello, aquí jugará un rol determinante la Contraloría. Sus auditores están capacitados para formular informes de control y revisar el tema contable y contractual, para detectar irregularidades y situaciones que atentan contra los principios de transparencia y legalidad.
Un antecedente es el caso Veolia, donde un informe de Contraloría es uno de los sustentos de la Fiscalía para acusar al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco, como autor del delito de colusión.
Sin embargo, el punto débil es que la emisión de los informes desde el ente de control puede tardar como mínimo entre cuatro a seis meses.
A través de una investigación periodística, este Diario identificó a ocho proveedores, que casualmente crearon sus negocios en los últimos dos años, y que mantuvieron relación comercial casi exclusiva con la entidad chiclayana.
