Lima es una jungla de cemento, donde cada día se reporta, al menos, tres asesinatos producto de las extorsiones y ola delincuencial. Ante ello, la Mancomunidad Municipal Lima Centro exhortó al Gobierno central y el Congreso de la República a implementar medidas más severas contra el sicariato y crimen organizado.
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“Si no hay una política clara que venga desde la cabeza, desde el Gobierno central, la delincuencia nos seguirá ganando”, manifestó Carlos Canales Anchorena, presidente de este bloque municipal y lamentó que las actuales sanciones no hayan reducido el accionar delictivo de ranqueados sicarios y bandas criminales, por lo que instó al Ejecutivo y Legislativo a evaluar la pena de muerte para delincuentes irrecuperables.
“A título personal, considero que debemos establecer medidas ejemplares. Alguien puede quemar viva y matar a una mujer o violar a un niño de cinco años y no pasa nada, porque hay impunidad y lo cierto es que esas personas no se rehabilitarán en la cárcel. Por eso, pedimos que a grandes problemas se apliquen grandes soluciones”, manifestó.
El también burgomaestre de Miraflores remarcó que la violencia delictiva está rebasando la capacidad reactiva de la Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, instituciones que se ven limitadas por la falta de recursos para cumplir de forma adecuada con sus labores en la administración de justicia y lucha contra el hampa.
TRANSPORTE
El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, solicitó una reunión urgente con el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para abordar los casos de extorsiones que afecta a los transportistas. Entre las propuestas de Hernández destacan la articulación entre la Procuraduría de la ATU, el MTC, el Mininter y la PNP para agilizar denuncias y prevenir extorsiones. Asimismo, se busca revisar normativas .
30 Alcaldes
En la sesión estuvieron presentes las alcaldesas de Barranco, San Isidro y Lince. Representantes de Magdalena y San Borja. Funcionarios ediles también participaron, así como la fiscal superior Lourdes Tellez Pérez.
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