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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima advirtió que tras una supervisión, realizada el 20 de diciembre, se detectó que los 43 planes distritales de acción en seguridad ciudadana de Lima Metropolitana para para el 2021, fueron observados por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima (Coresec), encontrándose pendientes de subsanación y de su respectiva aprobación mediante ordenanza.
La situación se repite en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tampoco tiene aprobado su plan de acción regional en seguridad ciudadana, no obstante que su titular preside el Coresec, como señala el oficio enviado por el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, Alberto Huerta, a los burgomaestres de nuestra capital y que da cuenta de la magnitud y trascendencia del tema.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a octubre del 2020, Lima Metropolitana presenta las mayores tasas de víctimas de intento de robo y de denuncias por delitos contra el patrimonio, violencia familiar y sexual, así como de personas desaparecidas y vehículos robados en todo el país.
No obstante, las municipalidades de la capital reportan un mínimo porcentaje de avance en la ejecución de presupuesto destinado a la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
Con más de 5200 denuncias, San Juan de Lurigancho lidera el listado de distritos con mayor cantidad de denuncias ciudadanas, que en su mayoría corresponden a delitos contra el patrimonio. Le siguen Los Olivos, Comas, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Surco, Ate, Carabayllo, El Agustino y La Victoria.
Además, la Defensoría del Pueblo comprobó que las municipalidades de La Victoria, Miraflores, Ancón, Ate, Agustino, Los Olivos, Pucusana, Puente Piedra, Chaclacayo, Lince, San Miguel y San Luis reportan 0 % en el avance de ejecución presupuestal destinado a proyectos de inversión en materia de seguridad ciudadana.
En tanto, en el caso de Carabayllo, El Agustino, Independencia, Los Olivos y Villa El Salvador, la ejecución es menor al 50 %. Además, respecto a la ejecución del presupuesto destinado a labores de patrullaje municipal, los municipios de Breña y San Juan de Lurigancho presentan un avance entre 30 % y 40 %, respectivamente.
El representante de la Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a los 43 municipios distritales adoptar acciones inmediatas para enfrentar los altos índices de criminalidad que se registran en distintos puntos de la capital.
En ese sentido, instó a las autoridades municipales a aprobar sus planes de acción en seguridad ciudadana y transparentar la rendición de gastos a través de sus respectivos portales web.
Sostuvo que ha requerido a las municipalidades establecer plataformas virtuales como el WhatsApp o correo electrónico para recibir los requerimientos en materia de seguridad ciudadana que formula la ciudadanía, evitando trasladados presenciales innecesarios acorde a las medidas para evitar contagios de COVID-19.
“Es lamentable que, gran parte de los distritos limeños presenten una reducida ejecución de sus presupuestos destinados a frenar el avance de la criminalidad, pese a los altos índices de delincuencia que se reportan como consecuencia de la crisis económica, por lo que hemos trasladado también los hallazgos al Ministerio del Interior, Ministerio Publico y Contraloría General de la República”, subrayó Huerta.
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