Sobrevivientes de la trágica deflagración ocurrida en Villa El Salvador hace seis años continúan atravesando dificultades. Según testimonios recogidos por RPP, las víctimas además de sufrir graves secuelas físicas también enfrentan falta de recursos económicos y falta de acceso a una atención médica especializada en el sistema público de salud.
El 23 de enero de 2020, un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo, perteneciente a la empresa Transgas LG, impactó contra un desnivel en la vía, lo que provocó una fuga de combustible. Minutos después, una chispa generada por un vehículo encendido desató una deflagración de gran magnitud que dejó 34 personas fallecidas, más de 50 heridas y al menos 20 viviendas destruidas.
“No hay citas y tengo 17 operaciones pendientes”
Entre los sobrevivientes se encuentra Jackeline Rojas Parinango, quien perdió a su hijo, su cuñada y su sobrino en el incendio. La mujer sufrió quemaduras en el 65 % de su cuerpo y, hasta hoy, sigue esperando múltiples intervenciones quirúrgicas que no ha podido realizarse.
En declaraciones a RPP, Rojas señaló que su salario como trabajadora municipal no le alcanza para cubrir los costos de las cremas especiales que necesita para aliviar el dolor y tratar las secuelas de las quemaduras.
“Trabajo con un sueldo que no alcanza para las cremas. Son cremas especiales y muy caras. Además, tengo 17 operaciones pendientes”, relató afectada.
La sobreviviente explicó que uno de los principales obstáculos para continuar con su tratamiento es la falta de citas médicas en el hospital Guillermo Almenara, donde debería recibir atención especializada. Según indicó, esta situación no es exclusiva de su caso, ya que al menos otros 11 heridos de la explosión enfrentan el mismo problema.
“No encontramos citas. Hay personas que siguen con secuelas y operaciones pendientes, pero no hay atención”, enfatizó.
La víctima también señaló que han solicitado apoyo a la Municipalidad de Villa El Salvador; sin embargo, la respuesta que han recibido es que no existe presupuesto para atender sus demandas. A ello se suma que durante el verano las secuelas se agravan, debido a que las altas temperaturas intensifican el dolor y las complicaciones en la piel.
Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para que no abandonen a las víctimas, quienes aseguran sentirse olvidadas pese a que las consecuencias del siniestro siguen afectando su calidad de vida.
¿Quiénes son responsables?
Las investigaciones posteriores al accidente revelaron que el vehículo que transportaba el gas había sido modificado ilegalmente para cumplir esa función, incumpliendo las normas de seguridad vigentes. Además, se determinó que el desnivel de la vía representaba un riesgo que ya había sido advertido previamente a la Municipalidad de Villa El Salvador.
El caso también expuso graves omisiones en la fiscalización, ya que la empresa Transgas LG continuaba operando pese a haber sido clausurada en 2018. Asimismo, se cuestionó la actuación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El conductor del camión, Luis Guzmán Palomino, quien registraba 83 infracciones de tránsito fue condenado a cinco años de prisión suspendida por el delito de peligro común. La sentencia estableció el pago de una reparación civil solidaria junto con la empresa, con montos que van desde los S/ 5 000 hasta los S/ 90 000 por víctima.
No obstante, el fallo excluyó como terceros civilmente responsables a las municipalidades de Lima Metropolitana y de Villa El Salvador, así como a Osinergmin, decisión que será apelada por las víctimas.
Mientras los procesos judiciales continúan, los sobrevivientes insisten en que su principal urgencia sigue siendo acceder a tratamientos médicos oportunos que les permitan aliviar las secuelas de una tragedia que, seis años después, aún marca sus vidas.
