El presidente señaló que la UNI cumplirá con entregar 18 plantas de oxígeno y que el presupuesto destinado a este proyecto se usará para la compra de plantas y balones de oxígeno.  | Foto: Andrés Paredes / @photo.gec
El presidente señaló que la UNI cumplirá con entregar 18 plantas de oxígeno y que el presupuesto destinado a este proyecto se usará para la compra de plantas y balones de oxígeno. | Foto: Andrés Paredes / @photo.gec

El presidente Francisco Sagasti aseveró que el contrato firmado para que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) implemente de 47 plantas de oxígeno medicinal para pacientes de COVID-19 fue una “apuesta por la industria nacional” que finalmente no funcionó y que, por ello, se decidió rescindir el acuerdo y emplear los recursos en otras opciones.

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En declaraciones al programa periodístico “Sálvese quien pueda”, el jefe de Estado detalló que la universidad cumplirá con entregar 18 plantas pues ya cuentan con todos los implementos para ponerlas en funcionamiento.

“Fue una mala decisión, fue una apuesta por la industria nacional que no salió correctamente. Ese es un problema muy complicado y difícil. La UNI tiene componentes para la fabricación para 18 plantas que sí van a entregar y luego se rescindirá el contrato y los recursos se usarán para plantas y balones en el más corto plazo”, aseveró.

En esa línea señaló que han conseguido el apoyo de la empresa privada y que, gracias a una alianza entre las empresas Linde y Southern, se conseguido que las plantas de oxígeno industrial produzcan oxígeno medicinal. Precisó que actualmente se están produciendo 25 toneladas de oxígeno al día para pacientes graves de coronavirus.

Cabe indicar que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó este viernes en el Congreso que la UNI se había comprometido a instalar 18 plantas en febrero, pero dijo que su estado de avance es “muy deficiente” hasta el momento, pues solo se ha producido la entrega de 5.

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La decisión del Gobierno de cancelar el contrato se da en medio de pedidos de investigación por parte del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, los medios de prensa e, incluso, de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) de la UNI, quienes han acusado irregularidades en el proyecto.

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