El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, y su esposa, Elionora Yntusca Janampa, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y otros.
Según la tesis fiscal, Tinco Luján habría realizado contrataciones irregulares en la Corte Superior de Justicia de Apurímac durante su gestión. En tanto, su esposa, es señalada de haber ejercido influencia sobre el entonces presidente de la institución para favorecer la contratación de determinados servidores públicos.
El requerimiento de prisión preventiva fue presentado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. La investigación también comprende a Alexander Puma Valer, coordinador de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, y a Marco Antonio Cerón Trujillo, coordinador de Recursos Humanos de esa institución.
Además, otras 25 personas forman parte de la investigación fiscal por presuntamente haber sido incorporadas de manera irregular a la institución durante la gestión de José Alberto Tinco. Se les atribuyen los presuntos delitos de organización criminal, así como de nombramiento, designación, contratación o aceptación ilegal de cargo.
La decisión judicial también dispuso 12 meses de prisión preventiva para Alexander Puma Valer. Por su parte, Marco Antonio Cerón Trujillo y Mario Ramos seguirán siendo investigados en libertad.
Cabe recordar que el pasado 2 de julio, agentes de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados al Crimen Organizado, en coordinación con el Ministerio Público, capturaron a José Alberto Tinco Luján y a su esposa, Elionora Yntusca Janampa.
Asimismo, las autoridades efectuaron 21 allanamientos en inmuebles y dependencias judiciales vinculadas a los investigados. El megaoperativo, desarrollado de forma simultánea en Lima, La Libertad y Puno, culminó con la desarticulación de la presunta organización criminal “Las Corbatas Negras”, conformada por funcionarios y servidores del Poder Judicial.
De acuerdo con la investigación, la presunta red criminal habría intervenido en decisiones del sistema de justicia para beneficiar determinados procesos. La fiscalía sostiene que existen al menos 14 hechos bajo análisis que revelarían un presunto mecanismo basado en prácticas irregulares.
La fiscalía sostiene que los investigados operaban mediante presuntas presiones y represalias contra magistrados para influir en las decisiones judiciales. En esa misma línea, habrían impulsado el nombramiento irregular de jueces supernumerarios y trabajadores administrativos que no reunían los requisitos exigidos para los cargos.
