La Contraloría detectó presuntas irregularidades en dos concursos públicos convocados por la Universidad Nacional de Piura en el 2022. El informe precisa que no se tuvo en cuenta la medida correctiva comunicada por Servir, favoreciendo en el otorgamiento de 39 plazas a postulantes que no cumplieron con los requisitos exigidos. Se determinó presunta responsabilidad administrativa y/o penal de siete trabajadores, entre ellos al exrector Omar Vences Martínez.
De acuerdo al Informe de Control Específico 011-2023-2-2023-SCE, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Piura (UNP) advierte presuntas irregularidades en los concursos públicos convocados por dicha casa superior de estudios en el 2022, donde no se habría respetado los requisitos mínimos previstos para las plazas convocadas, afectando la legalidad, transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades para acceder al empleo público.
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Agregó que, correspondía al Consejo Universitario aprobar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional, pero no se concretó y solo tenían el CAP del año 2009 que fue emitida por el rector encargado, quien no tenía atribuciones para hacerlo.
“La misma funcionaria informó que el CAP Provisional de la UNP se encuentra en elaboración”, dice el documento, lo que conlleva a que realizaron el concurso sin tener definido los perfiles y cargos para la convocatoria y esto fue autorizado por el exrector Omar Vences Martínez mediante oficio N° 0213-R-UNP-2022 del 7 de febrero de 2022.
El rector encargado Omar Vences participó con la jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la universidad en la aprobación de la implementación de los dos concursos públicos para la contratación de 63 personas para el área administrativa bajo el D.L N° 276, pese a no cumplirse con los requisitos previstos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, así como la ley y el Reglamento de la Carrera Administrativa, en relación a la cobertura de plazas administrativas presupuestadas vacantes, evidenciándose que las dependencias de 39 plazas convocadas no correspondían a las registradas en el Aplicativo Informativo para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. En el primer concurso se presentaron 43 plazas y en el segundo 20 plazas.
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Ante esta situación, la Contraloría evidencia que las integrantes de la comisión responsable, en ese entonces Anita Zapata Guaylupo (presidenta del comité), Cinthya Alzamora Rivas, Fátima Sandoval Oliva y Norma Ramírez Dioses, como miembros, y Natalia Huiman Seminario, miembro nato, favorecieron en las etapas de evaluación y calificación, declarando ganadores a 25 personas, 20 en el primer concurso y 5 en el segundo, pese a que no cumplían con el perfil para el cargo convocado al no presentar la documentación obligatoria requerida y no cumplían con el perfil para el cargo, trasgrediendo la normativa.
El informe precisa que el exrector, la presidenta de la comisión y demás integrantes de la comisión conocían de las presuntas irregularidades, siendo alertadas mediante otro informe de la Contraloría, aun así, no dispusieron acción alguna para evitar la convocatoria.
