La Contraloría de la República a través del Órgano de Control Institucional (OCI) detectó que la comuna piurana realizó pagos de incrementos remunerativos y bonificación, provenientes de negociaciones colectivas-Laudo Arbitral 2019, a 69 servidores municipales no sindicalizados, durante el período de enero 2021 a agosto 2023, lo cual ocasionaron un perjuicio económico de S/ 466 655.
Según el informe de auditoría 083-2024-2-0454, de la revisión y evaluación a la documentación realizada por la comisión de control, se corroboró que entre enero del 2021 a agosto del 2023 se realizaron pagos de incrementos remunerativos (S/ 400 mensual desde enero 2020 de forma permanente) y bonificación (S/ 50 desde enero 2020) por el Día del Trabajador Municipal, a favor de servidores municipales no sindicalizados, a pesar de que estaban excluidos de los beneficios de los pactos colectivos suscritos.
Dichos pagos ocasionaron un perjuicio económico de S/ 466 655. Los pagos fueron concretados por Delia Saavedra Negrón, César Arturo Castro Bruno y Juan Francisco Saavedra Falero (jefes de la Unidad de Remuneraciones); así como Oswaldo Seminario Espinoza y Junior Ramos Ramos, jefes de la oficina de Personal de la comuna. Ellos habrían elaborado y tramitado planillas de pago a personal que no le correspondía.
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Los auditores también advirtieron que la regidora electa para el período 2023-2026, Mereyda Jiménez García, fue destacada a la Municipalidad Distrital de Cura Mori, contraviniendo la norma, percibiendo tanto las dietas en calidad de regidora como las remuneraciones mensuales en su condición de servidora municipal, pese a no haber trabajado.
El informe de Contraloría agrega que revisaron los registros de control de asistencia del local de la Biblioteca Municipalidad de la entidad de destino (Cura Mori), así como las actividades realizadas por la servidora, en calidad de regidora, dentro del horario laboral de dicha entidad.
“La situación descrita afectó la legalidad de los actos administrativos y el correcto funcionamiento de la administración pública; habiendo ocasionado el pago por labores no realizadas y generando por ende un perjuicio económico a la entidad ascendente a S/ 47 586″, se lee en el informe de OCI.
El documento agrega que dichos pagos irregulares han sido realizados con el aval del alcalde de Cura Mori, Arturo Ruíz García, y otros funcionarios.
“Tal como se pudo verificar, la citada servidora mantiene el cargo de técnico administrativo en la entidad, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 desde el 27 de enero de 2014 hasta la actualidad”, agrega el informe de Contraloría.
OCI recomendó al alcalde de Piura, Gabriel Madrid, realizar acciones a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la comuna comprendidos en el informe.
