Defensoría del Pueblo logra articulación para eliminar residuos sólidos en el penal de Piura

Luego que, en diciembre último, la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura advirtiera el grave riesgo en que se encontraban más de 4500 internos del establecimiento penitenciario ubicado en esta ciudad, debido a la acumulación de residuos sólidos que permanecían sin ser recogidos, esta situación pudo ser revertida tras un proceso de articulación con las autoridades del Gobierno Regional de Piura y de la Municipalidad Distrital de Castilla.

Como se recuerda, en una supervisión dirigida el pasado 23 de diciembre, la Oficina Defensorial de Piura alertó la presencia de más de 400 toneladas de residuos sólidos que permanecían sin ser recogidos durante varios días, lo que afectaba la salud no solo de los internos, sino también del personal penitenciario. Además, se advirtió que la comuna de Castilla carecía de la maquinaria suficiente para disponer dicha cantidad de residuos, por lo que se requirió el apoyo de las autoridades regionales.

En efecto, durante el recorrido, se constató que la basura acumulada al aire libre generaba una contaminación directa del suelo y del entorno. Asimismo, si bien la municipalidad local realizaba el recojo, sus limitaciones en maquinaria y personal resultaban insuficientes para la alta demanda de desechos generados diariamente en el penal.

Frente a este escenario crítico, que constituía una afectación al derecho a la salud y a un ambiente sano, la Oficina Defensorial de Piura convocó a una reunión de coordinación a las autoridades del Gobierno Regional de Piura, Municipalidad Distrital de Castilla y de la dirección del centro penitenciario, en la que se acordó que el organismo regional desplegaría maquinaria pesada para facilitar y acelerar la evacuación masiva de los desechos. Por su parte, el municipio de Castilla se comprometió a dotar de una retroexcavadora, unidades de carga y combustible.

Tras estos acuerdos, el último miércoles 14 de enero, se llevó a cabo el recojo masivo de los residuos sólidos y la limpieza de los espacios en donde habían permanecido durante varias semanas. Además, ante el temor de que esta situación crítica pueda repetirse, la Oficina Defensorial de Piura informó que ha recomendado la suscripción de un convenio entre las instituciones involucradas, con el objetivo de establecer un sistema de recojo de residuos continuo, eficiente y oportuno, que sea capaz de atender la alta demanda del recinto penitenciario.

La Defensoría del Pueblo reafirma que la privación de la libertad no implica la pérdida de derechos fundamentales como el acceso a la salud y a un ambiente sano. En ese sentido, la institución continuará vigilando que las autoridades locales y regionales cumplan con sus competencias para prevenir situaciones que pongan en peligro la vida y la seguridad sanitaria de las personas bajo custodia del Estado.