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Durante la audiencia de prisión preventiva para el rector encargado de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Omar Vences, y los exrectores César Reyes y José Rodríguez, la fiscal a cargo del caso ha sustentado su pedido considerando que los imputados carecerían de arraigo domiciliario y también habrían obstaculizado la investigación que se sigue por el presunto desfalco de S/ 2.5 millones de las maestrías dictadas en Ecuador.
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Sustento
En sus exposiciones, la fiscal adjunta provincial Marita Bayona Flores, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, advirtió que los acusados podrían fugar del país.
Uno de ellos sería el exrector César Reyes Peña teniendo en cuenta que tiene como domicilio el sito en Urb. Ignacio Merino, sin embargo, ante el Ministerio Público consignó como vivienda el fundo Santa Teresa, en Los Ejidos.
El acusado tampoco tiene a su nombre algún inmueble e, incluso, su lugar de nacimiento es Tumbes, “lo que hace más factible el conocimiento de la zona de frontera y, por ende, la posibilidad de eludir el proceso penal”.
Asimismo, debido a la gravedad de la pena existiendo suficientes elementos de convicción respecto a los hechos imputados, la fiscal considera que es “altamente probable que se verifique una condena y, como consecuencia de ello, se imponga ocho años de cárcel”.
La fiscal también ha sustentado el peligro de fuga considerando que durante el proceso la UNP no entregó la documentación alegando que se había perdido durante la inundación del 2017 e, incluso, los acusados no informaron todas las maestrías realizadas por la UNP en distintas ciudades de Ecuador.
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También, Reyes Peña habría presentado dos quejas contra la fiscal a cargo del caso; la segunda interpuesta se realizó justo un día después de la incautación realizada el 4 de abril de 2019, “evidenciándose claramente (la intención de ) atemorizar a los fiscales con quejas infundadas y frustrar la investigación fiscal”.
El Ministerio Público considera que se puede obstaculizar el proceso, sobre todo en la etapa de juicio oral, teniendo en cuenta que el imputado tiene la base de datos de los alumnos ecuatorianos.
Por otro lado, en el caso de Omar Vences Martínez, como rector encargado de la UNP, “no ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos, sino que más bien ha permitido que personal de asesoría de la UNP defienda intereses de los imputados y no de dicha casa de estudios”.
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También ha demostrado obstaculización pues al desempeñarse como rector de la UNP tiene el control absoluto sobre todas las áreas, lo que ha permitido que no se remitan la documentación necesaria al despacho fiscal para esclarecer los hechos.
Respecto al exrector José Rodríguez, tiene bajo arraigo domiciliario y al conocer a los alumnos ecuatorianos, tiene la posibilidad de inducir a los testigos a que declaren en determinado sentido en juicio oral.
